La oficina antiocupación gestiona cinco consultas de Burgos y dos de la provincia en un mes

Desde esta entidad explican que la mayoría de las consultas han sido tramitadas por vía telefónica y que han atendido otras muchas de personas que no padecen el problema pero que tienen cierto interés en informarse de manera preventiva.

No obstante, la casuística en torno a la ocupación es muy amplia y «cada caso es un mundo», lo que hace que el tratamiento jurídico sea muy diferente en función de cada uno, tal y como informan desde la propia oficina. Así, el primer paso es diferenciar si se trata de un allanamiento de morada, dado que una vivienda vacía no se considera morada y, por tanto, no se trataría del mismo delito.

Por morada se entiende una casa habitada con enseres que así lo demuestren. No solo la vivienda de uso habitual, sino también segundas viviendas. No es necesario que se trate de de piso o chalet, ya que bien puede ser un barco o una caravana remolcada siempre que se pueda demostrar que se trata de un lugar de residencia.

De acuerdo con la información facilitada por la oficina antiocupación sobre las consultas atendidas en el último mes, de las siete recibidas solo dos constituyen allanamiento de morada.

Una de las consultas atendidas en la capital proviene de una comunidad de propietarios en cuyo edificio hay cuatro viviendas ocupadas por personas que han accedido de forma ilegal a ellas. Sin embargo, no es allanamiento porque estos pisos pertenecen a una empresa y se encontraban vacíos.

Otro de los casos se refiere a una vivienda pareada que se ocupó con el consentimiento de uno de los propietarios. La conducta incívica de los inquilinos es lo que ha generado el problema pero, en este caso, «se trata de una cuestión civil», tal y como infomaron a la persona que llamó a la oficina.

Además, han asesorado a los vecinos de un barrio acerca de la ocupación de un edificio en estado de ruina, en el que llegó a intervenir la policía.

En los últimos años, barrios como El Crucero han protagonizado varios casos de ocupación con intervención de la Policía Nacional y Local e incluso vecinal para frenarlos.

La Calle Duero, García Bedoya, Ebro, Cortes, Calvario, las Casillas, La Nevera... El Crucero ha sido el blanco de los okupas en Burgos. El barrio lleva sufriendo este problema desde hace al menos quince años, cuando se empezaron a ocupar las naves de Lejías El Cid, y se han vivido momentos muy complicados, como la ocupación de los chalés al otro lado de la autovía.

Algunas de estas ocupaciones a menudo conllevan un problema para la seguridad de los vecinos por riesgo de incendios y la salubridad.

La puesta en marcha de esta oficina el pasado mes de junio persigue garantizar el legítimo ejercicio de la propiedad privada, reconocido en el artículo 33 de la Constitución Española, y de protegerlo frente a un problema como es el de la ocupación, que supone un ataque frontal a su contenido esencial, tal y como afirmaba la directora general de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo, María Pardo, durante su visita a este espacio en Burgos.

Asimismo, la Administración autonómica trata con ello de velar también por otros derechos civiles, como son las buenas relaciones de vecindad y por la protección de los derechos de los consumidores y usuarios de viviendas que se ven perjudicados por estas prácticas abusivas.

Fruto del convenio de colaboración firmado el pasado 19 de mayo entre la Junta de Castilla y León y las Cámaras de la Propiedad Urbana, se han puesto en funcionamiento estas oficinas de información antiocupación en las nueve provincias de la comunidad.