Se amotinan. Y anuncian que van a desobedecer a la autoridad civil: «Solo cabría si se acompaña de una resolución judicial contra nosotras, que además, en tal caso, habría de ser por nosotras incumplida en periodo de ejecución voluntaria», o sea que, o las saca la Guardia Civil, o no se irán.
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Las religiosas desmienten, las acusaciones «sobre una supuesta trama inmobiliaria», a las que califican de «ridículas, salvo que esta sea entendida como la suma aritmética de los conventos, de los que se nos pretende echar hasta las puertas de la misma calle, sin recursos y sin alternativa habitacional».
Entienden que deben «defender su condición de poseedoras del inmueble», porque tienen el título de propiedad del monasterio y protestan ante las «amenazas al recurso a la fuerza pública para su desahucio», que solo cabría si se acompaña de una resolución judicial. No reconocen autoridad más que la de los tribunales de justicia, pero si salen será con las fuerzas de seguridad.
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Anuncian también que no han expulsado a «nadie por la fuerza» y que tan solo se ha comunicado su deseo de que salgan a Pablo de Rojas y a José Ceacero y éstos han abandonado el convento, «actuando ambos de forma voluntaria, sin ningún tipo de coacción» por parte de las mujeres.
Entienden que se trata de una cuestión puramente jurídica, por lo que todo lo relativo a la titularidad de los bienes y su actividad «deberá ser discutido en la jurisdicción civil y no ante la autoridad eclesiástica».
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En el comunicado emitido por el bufete de abogados Sarabia, de Santander, afirman que no entienden que se den a conocer los «saldos de cuentas corrientes o que se realicen declaraciones, tratando de crear una opinión pública en su contra».
Apuntan que el monasterio de Belorado consta la inmatriculación en el Registro de la Propiedad, en virtud de un documento privado de 1969, que le confiere el cien por cien de su pleno dominio a la comunidad de religiosas clarisas de Belorado, «sin que conste mayor condición o carga añadida».
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Además, dicen que la comunidad «ha venido desempeñando la actividad que le es propia y legítima en el monasterio debidamente inscrita en el registro de entidades religiosas del ministerio», regida por el derecho canónico y por sus estatutos, y «expresándose formalmente a través de los organismos correspondientes, abadesa, vicaria y discretas».
Reconocen que se han separado de la Iglesia Conciliar «en un clima conflictivo, pero por amor a la verdad católica, preservando y secularizando la actividad vitalicia a la que están consagradas y que llevan a cabo en el monasterio».
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