Las monjas cismáticas de Belorado amenazan elevar el conflicto a nivel «global»

Julio César Rico

Burgos

Miércoles, 6 de noviembre 2024 | Actualizado 09/11/2024 20:21h.

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Las exclarisas de Belorado han emitido un comunicado en el que amenazan con «internacionalizar el debate del cisma con ayuda de la prensa internacional elevando el debate a categoría global debido al interés que este tema ha suscitado en distintos países». Dicen que emprenderán un «conjunto de acciones que las posicionará como monjas adaptadas a los nuevos tiempos». Lo hacen justo en el momento en el que se ha conocido que han alojado al supuesto obispo Ribeiro en el convento.

Pocos después de su comunicado, el Juzgado Nº1 de Briviesca admitía a trámite la demanda de desahucio contra las monjas cismáticas con un decreto que ordena a la Guardia Civil identificar a todas las personas que se encuentran dentro del convento de Belorado, incluidas las monjas excomulgadas.

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Acusan al arzobispo de Burgos, Mario Iceta, de no pagar sus cotizaciones a las Seguridad Social, facturas de proveedores, gastos de Internet y móviles, pólizas de seguros de los monasterios, servicio de mensajería, mantenimiento de la maquinaria del obrador, asesoría fiscal y laboral, seguro y el renting de los automóviles. Dicen que «disponen de distintas pruebas» en PDF y documentos de impago como prueba.

Esta situación les provoca una situación de «asfixia económica» que impide que la comunidad cumpla «sus obligaciones con terceras personas provocando un sufrimiento innecesario». Y argumentan que como Iceta es el único que controla todas las cuentas, «asume de hecho el gobierno de toda la economía de los mismos». Todo ello les causa, dicen «un grave perjuicio».

El Arzobispado ha respondido a esta acusación diciendo que «la pretendida asfixia económica» a la que hacen referencia sería, en todo caso, «consecuencia de la contumacia en impedir la administración de los monasterios por quien tiene obligación legal de hacerlo», que es monseñor Iceta.

Con respecto a las cotizaciones como autónomas, una vez han sido excomulgadas y no formar parte de la comunidad clarisa, son ellas las que deben, personalmente, «regularizar» su situación ante la Seguridad Social porque no vincula ninguna obligación tributaria al Comisario Pontificio con las personas que, «de modo ilegal, residen en los monasterios de su competencia».

Desde el momento que «se declaró la excomunión y consecuente expulsión de la vida religiosa, no procede su encuadre, ni tampoco su tributación, como autónomas acogidas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos». Aun así, se sigue pagando la Seguridad Social de siete exreligiosas que ascendió el pasado mes de octubre a 1.895,71 euros, aseguran desde el Arzobispado.

Desconocen si el Comisario Pontificio «presenta en tiempo y forma las declaraciones fiscales obligatorias». Lo dudan porque les han notificado un embargo por Hacienda de la pensión de una hermana «por impago de la cuota correspondiente al IRPF del ejercicio 2023», sin embargo, esos impagos no corresponden al periodo en que monseñor Iceta asumió la responsabilidad que se produce a partir del 5 de junio de 2024.

De hecho, la Comisión Gestora ha tenido conocimiento «únicamente de un embargo» por parte de la Agencia Tributaria, en agosto de 2024, por importe de 1.362,73 euros, relativo a la falta de liquidación del IRPF correspondiente al primer trimestre de 2024, que les hubiera tocado liquidar a las ex religiosas.

Al parecer, la Agencia Tributaria también notificó a la comunidad la devolución por el exceso de la suma de las cantidades retenidas, los ingresos a cuenta y pagos fraccionados del Impuesto de Sociedades correspondiente al ejercicio 2023, «cuyo importe ha sido ingresado en una cuenta controlada por el arzobispo», aseguran.

La Comisión Pontificia tiene acceso «a diez cuentas bancarias» y les consta de la existencia de al menos «tres cuentas a nombre de personas físicas que se han utilizado para actividades económicas relacionadas con el monasterio». Por parte de las exreligiosas, únicamente se ha recibido «un goteo de facturas, que se han tramitado conforme al protocolo establecido por la Comisión», justifican.

En el comunicado emitido por las bretoneras, aseguran que cinco ex monjas «cobran un total de siete pensiones» (entre jubilación y orfandad). De ellas, cinco se siguen «ingresando en las cuentas controladas por el arzobispo, cuyo importe, por tanto, ni llega a las perceptoras ni se destina a su subsistencia ni a atender sus necesidades personales».

Con respecto a la llevada de Rodrigo Henrique Ribeiro da Silva, han confirmado que ha regresado a Belorado y que está viviendo en las dependencias externas a la clausura. Argumentan que el brasileño es sacerdote 'legal' y que el argentino Sergio Casas ya no está en el convento.

En este sentido, desde el Arzobispado se ha denunciado la presencia en el monasterio de personas, algunas ataviadas con trajes eclesiásticos, «que carecen de título legal y autorización para permanecer en sus dependencias».