Los vecinos de Los Corrales suman apoyos contra la planta de hormigón de San Juan del Monte

«Hemos tenido un tráfico tremendo este verano como consecuencia de las obras, que ha provocado destrozos en la carretera, ruidos molestos, polvo…», protestaba Alberto Blanco, un vecino de Los Corrales y miembro de la comitiva vecinal creada en defensa del bienestar de los residentes en la zona. Y es que a pesar de que hasta el momento habían tolerado pacientes el transcurso de unas obras que, a priori, una vez terminadas arrojarán datos positivos en la ciudad, la resignación se ha tornado en enfado ante la solicitud mediante la que la empresa que explota las canteras, Aridos del Norte SL (Arinorsa), pide la instalación de una planta de dosificado y amasado de hormigón en los mismos terrenos.

«Nos da miedo que empiecen instalando una planta relativamente pequeña, pero que luego puedan hacer cualquier ampliación sin tener ni que pedirnos permiso», apostillaba Blanco.

Según se recoge en el proyecto presentado por Arinorsa en el Ayuntamiento de Miranda, la actividad propuesta se centra en la producción de las partidas de hormigón necesarias para el desarrollo de obras ubicadas a un máximo de 40 kilómetros. Alegan un «interés público» para la satisfacción de las necesidades de aquellas obras que requieren hormigón para su ejecución. Y lo hacen porque, de acuerdo al Plan General de Ordenación Urbana de Miranda, el área escogida forma parte del suelo rústico de la ciudad, una superficie cuya explotación ha de implicar un interés social o una utilidad pública.

«La empresa intenta justificar con forma normativa la existencia de una actividad económica que, en primer lugar, le beneficia a la empresa», apuntaba Guillermo Ubieto, portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida que ya ha tomado acciones presentando alegaciones contra la solicitud y en pro de una «alternativa».

También se han organizado los vecinos de la zona para ofrecer una respuesta conjunta. Si hasta hace unos meses apenas compartían el paisaje, ahora han abogado por una gran coalición para luchar contra un problema que a todos atañe. De este modo y tras una multitudinaria junta extraordinaria de la comunidad de vecinos de Los Corrales a la que también acudieron vecinos de Fuentecaliente, los residentes de ambas urbanizaciones han decidido tomar acciones legales contra la planta de hormigón.

Asesorados por el abogado y portavoz de Ecologistas en Acción Luis Oviedo, ambas comunidades presentarán una serie de alegaciones conjuntas mediante las que pretenden paralizar el proyecto formulado por Arinorsa en la cantera próxima al cementerio de Bardauri. Entre las principales objeciones, sobresale el hecho de que el área esta incluida dentro de la Zona de Especial Protección de las Aves (ZEPA) Montes Obarenes-Ameyugo y forma parte de las Áreas Importantes para la Conservación de las Aves y la Biodiversidad (IBA). «Esto significa que la zona tendría que estar catalogada, si o sí, por imperativo legal, como un suelo rústico de protección natural de acuerdo a la directiva de hábitats y patrimonio y biodiversidad que traspone la directiva del Estado Español», sentenciaba Oviedo.

Más allá de los inconvenientes sociales y urbanísticos, la concesión de la licencia del «uso excepcional del suelo rústico que solicita la empresa», puede implicar peligros medioambientales que afectarían, especialmente, a las aves. Y es que, según explicaba Ubieto, esta ZEPA está incluida en el Programa de Repoblación del Águila Perdiera de Castilla y León y además también acoge a varias colonias de Buitre Leonado, entre otras.

Por ende, la alteración paisajística de su hábitat podría fomentar desajustes poblacionales que implicarían una pérdida en la biodiversidad de una zona muy cercana a San Juan del Monte. Es por eso que tanto Blanco como Ubieto mueven a ejercer la acción popular «presentando alegaciones para paralizar el proyecto». «Invito a todos los que les gusta el monte, la naturaleza y San Juan a poner alegaciones porque antes ahí (señala la cantera) había una colina y al final nos vamos a quedar sin paisaje», imploraba Alberto Blanco.

El periodo de alegaciones continuará vigente hasta el próximo 7 de diciembre. A partir de entonces el Consistorio mirandés, que en materia urbanística posee la competencia delegada de la Junta por disponer de un Plan General de Ordenación Urbana, habrá de resolver las alegaciones y dictar una resolución. Un trámite que, según señalaba Oviedo, «puede demorarse de dos a cinco meses».

Todas las noticias de Burgos en BURGOSconecta.