El juez considera que existe riesgo de fuga del jubilado acusado del envío de cartas bomba

Indica que transmite el mensaje de que se está «ante unas acciones efectuadas por personas vinculadas a Rusia como represión hacia los intereses de España y Estados Unidos como consecuencia de su apoyo a Ucrania ante la ocupación rusa», y añade que busca «obligar a los poderes públicos de nuestro país a abstenerse del apoyo mostrado a favor de Ucrania frente a la agresión rusa».

La decisión del juez va en consonancia con la petición de la fiscal de la Audiencia Nacional, Ana Noé, que interesaba la prisión provisional comunicada y sin fianza para Pompeyo G.P., de nacionalidad española y 74 años de edad, quien se ha acogido a su derecho a no declarar ante el magistrado.

El auto señala que «la utilización de aplicaciones rusas de mensajería instantánea, como es VK, y correos electrónicos cifrados de extremo a extremo (Protonmail), así como la trascendencia de sus violentas acciones como medio de propaganda de la ocupación rusa en Ucrania, pudieran facilitar su fuga a territorio ruso, recibiendo al efecto ayuda de ciudadanos de dicho país».

Calama también argumenta que existe un alto riesgo de reiteración delictiva sin perjuicio de que «el avance de la instrucción, y particularmente el informe de análisis de las sustancias explosivas utilizadas, aconsejen su modificación». Contra este auto se puede interponer recurso de reforma en el plazo de tres días y de apelación, en el de cinco días.

Pompeyo G. P. residía en un piso de 42 metros cuadrados en la calle Clavel número dos de Miranda de Ebro. Es una persona muy activa en redes sociales y con conocimientos técnicos e informáticos, según informaron fuentes del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional. El Ayuntamiento de Vitoria ha confirmado que fue funcionario de este consistorio hasta su jubilación en 2013.

Interior subrayó que la investigación ha sido muy «compleja y laboriosa», afectando a varias provincias de España, entre ellas Valladolid y Burgos, y la Comunidad de Madrid. Las diligencias han podido determinar que todos los envíos de las seis cartas se realizaron, no obstante, desde la capital burgalesa.

Además, el pasado 3 de enero el juez acordó abrir una nueva línea de investigación en la causa para llevar a cabo una serie de pesquisas de carácter tecnológico. Se trataría de conocer a fondo las actividades del detenido en sistemas telemáticos rusos, sobre todo el uso de mensajería instantánea y de correos electrónicos con mayor protección para ocultar la identidad.

El juez y el Ministerio Público le atribuyen seis delitos de terrorismo --uno por cada carta incendiaria enviada--, dos de ellos agravados por ir dirigidas a miembros del Gobierno. Esos delitos irían en concurso con un delito de fabricación, empleo de artefactos explosivos, inflamables e incendiarios con finalidad terrorista.

El jubilado habría remitido hasta seis cartas a finales del pasado mes de noviembre y principios de diciembre a instituciones como Presidencia del Gobierno, Ministerio de Defensa o las embajadas de EEUU y Ucrania en España. Se trata de una persona muy activa en redes sociales y con conocimientos técnicos e informáticos, según informaron fuentes del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional. El Ayuntamiento de Vitoria ha confirmado que fue funcionario de este consistorio hasta 2013.

El arrestado, que fue funcionario del consistorio de Vitoria hasta 2013, residía en una pequeña vivienda en la calle del Clavel de Miranda de Ebro, donde especialistas de la Policía Nacional llevaron a cabo este miércoles un registro.

El Ministerio del Interior subrayó que la investigación ha sido muy «compleja y laboriosa», afectando a varias provincias de España. Las diligencias han podido determinar que todos los envíos de las seis cartas se realizaron desde la ciudad de Burgos.

El pasado 24 de noviembre fue detectada una carta con material explosivo dirigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que había sido remitido por correo postal ordinario. Los servicios del Departamento de Seguridad de Presidencia del Gobierno detectaron la carta en las tareas de cribado y filtrado de la correspondencia.

Otras cinco cartas similares, por sus características y contenido, llegaron a la Embajada de Ucrania y a la Embajada de Estados Unidos en Madrid, a la empresa Instalaza en Zaragoza, al Centro de Satélites de la Unión Europea ubicado en la Base Aérea de Torrejón y al Ministerio de Defensa. Un vigilante de seguridad de la Embajada de Ucrania resultó herido por la explosión de uno de los artefactos.

El pasado 3 de enero el juez de la Audiencia Nacional que investiga el envío de esta serie de cartas explosivas acordó abrir una nueva línea de investigación en la causa para llevar a cabo una serie de pesquisas de carácter tecnológico.