La Guardia Civil ha investigado a DAG (34) como presunto autor de un delito de simulación de delito por una denuncia falsa de atropello por un vehículo que presuntamente dedicado a la caza furtiva y un posterior tiroteo en la BU-901, en la comarca ... del Arlanza.
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Según la versión del denunciante, un particular le dio un aviso telefónico para comunicarle la presencia de un vehículo sospechoso en el terreno cinegético que gestiona.. Por este motivo, el ahora investigado se dirigió al paraje, pensando que podrían tratarse de cazadores furtivos.
Fue entonces cuando, según su relato, un vehículo le había atropellado, acelerando al llegar a su altura y arrollando a su vez a la motocicleta con la que se había desplazado, además de haberle disparado desde el interior del vehículo en varias ocasiones con una arma de fuego durante la huida.
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Tras escuchar el testimonio, dos patrullas del Cuerpo se desplazaron para atender la incidencia y, en la entrevista mantenida con el ahora investigado, los agentes recelaron de la versión facilitada al hallar numerosas incongruencias en su relato.
También llamó su atención el hecho de que la 'víctima' demorara ser valorado por un facultativo de las dolencias que presentaba, además de otras incoherencias que tampoco pasaron desapercibidas para los guardias civiles allí presentes.
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El perjudicado describió desperfectos sufridos en la motocicleta como resultado del impacto, pero, sin embargo, se ha verificado que muchos eran anteriores. Por otra parte, los efectivos de la Guardia Civil no encontraron signos, surcos ni arañazos que evidencien el arrastre o rozadura de alguna parte metálica o plástica en la calzada.
Los testimonios recabados tampoco pudieron confirmar la versión aportada por el denunciante, por lo que ha sido investigado como presunto autor de un delito de denuncia falsa y se han instruido y presentado las diligencias pertinentes ante el Juzgado de Instrucción de Lerma.
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De demostrarse que se trata de una denuncia falsa, los hechos podrían conllevar consecuencias penales para la que se contemplan sanciones de hasta 6.000 euros y pena de prisión de hasta tres años, además de generar antecedentes procesales que pueden limitar durante años el acceso a un puesto de trabajo en la administración pública.
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