Las escuelas infantiles privadas de Burgos, a la espera de conocer el protocolo de la Junta para su reapertura

En este sentido, los profesores que forman parte del colectivo están realizando de forma conjunta sugerencias y contribuciones para incorporarlos a las medidas de seguridad necesarias en el ámbito de la educación infantil. «En nuestro sector, por las edades de los niños con los que trabajamos, es prácticamente imposible mantener la distancia establecida, tiene que haber contacto necesariamente», reconoce Alonso. Asegura que el tipo de atenciones que requieren los pequeños de esas edades «no están concretadas en ningún protocolo», motivo por el cual el colectivo está participando de forma directa con la Consejería para proponer soluciones.

Entre otras cuestiones, se preguntan: «Si no hay seguridad de que esos niños no se contagien ni puedan contagiar a otros, ¿cómo vamos a abrir las escuelas infantiles?». Siguiendo esta línea, Alonso señala que la reivindicación se plantea ahora a nivel estatal, uniendo las iniciativas regionales. La iniciativa también contempla la necesidad de concretar un «protocolo emocional», puesto que «nadie ha hablado del daño psicológico que están sufriendo los peques con toda esta crisis ni cómo pueden reaccionar los niños de estas edades al no poder tener contacto con cuidadores ni con sus compañeros».

El 18 de mayo Aecip presentaba un escrito con 70 firmas de centros de toda la comunidad ante el Procurador del Común de Castilla y León, exponiendo la «situación de desamparo» en la que se encontraban. Este organismo lo considera un «problema de primera magnitud», dadas las implicaciones sociales que conlleva al facilitar también la conciliación.

Después de que la semana pasada la Consejería de Sanidad descartara que los niños de cero a seis años regresaran a las escuelas públicas dependientes de Educación antes de septiembre, desde el sector privado se preguntan cómo es posible «que haciendo la misma actividad y siendo los mismos implicados (niños, educadoras y familias)» en estas empresas sí puedan hacerlo a partir de la fase 2. Una opción que, hoy por hoy, Alonso ve inviable por los riesgos que conlleva y la falta de criterios unificados.

A lo largo de esta semana se conocerá el planteamiento de la Junta de Castilla y León y la propuesta para afrontar el problema de estas escuelas de Burgos y del resto de la región, pequeños negocios que se han visto muy afectados económicamente por la crisis del coronavirus y, al mimso tiempo, que cumplen con una importante función social contribuyendo a la conciliación familiar.