El plan antifraude obligatorio para los fondos europeos partirá en Burgos de la Diputación

Por ello, la Diputación de Burgos se ha comprometido a poner en marcha este plan tipo que podrá ser asumido por los pueblos burgaleses. Conlleva, además, el asesoramiento a los municipios para la gestión, seguimiento y ejecución de este plan a la hora de presentar proyectos a los fondos europeos. Tanto el plan tipo de medidas antifraude como este asesoramiento se integrará en la Oficina Técnica de Fondos Europeos, creada tras el acuerdo del pleno provincial del 3 de septiembre de 2021.

La orden del BOE se publicó el 30 de septiembre, por lo que estas acciones se incluirán en las labores de esta comisión. Borja Suárez, portavoz del Partido Popular, explicó durante el debate de esta proposición del PSOE, que la Oficina Técnica de Fondos Europeos «ya ha considerado esta intervención». Ha recordado que se creó para «gestionar la tramitación de los fondos europeos» y que se reúne los miércoles. «Hay que tratar de protocolizar ese plan antifraude para que sea extensible a los ayuntamientos y lo puedan usar», apuntó Suárez.

Las razones del PSOE para impulsar esta medida en la Diputación se basan en las escasas posibilidades y recursos de los pueblos burgaleses para elaborar un plan de medidas antifraude en el plazo de 90 días (la orden se publicó el 30 de septiembre) como obligatoriedad para acceder a los fondos europeos. El objetivo es que ningún pueblo que lo desee se quede sin acceder a los fondos europeos por trámites burocráticos.

Se señala desde el grupo provincial del PSOE que de los 368 municipios, 306 tienen menos de 500 habitantes. Hay 163 de menos de 100 habitantes y 74 con menos de 50 vecinos. En la mayoría de estos pueblos el puesto de secretario-interventor es compartido entre varios ayuntamientos. Además, suele acudir uno o dos días a la semana.

«Esta situación disuade, en muchos casos, las solicitudes de ayudas o subvenciones de los pueblos, cuando estas requieren una carga burocrática importante. En otros casos, se acude directamente a la contratación de profesionales o de empresas para la gestión administrativa de los proyectos con el consiguiente coste económico», se apunta desde el PSOE. Algo que reconoció Ignacio Grajal, diputado del PSOE y alcalde de Padilla de Abajo, «hay empresas consultoras que se nos han ofrecido a los ayuntamientos para evitar este fraude. Por eso, traemos esta proposición, para que los municipios no corran con este gasto».

La proposición resultó aprobada, por lo que la Diputación elaborará este plan tipo de medidas antifraude para que los ayuntamientos tengan más facilidad a la hora de acceder a los fondos europeos. Igualmente, recibirán asesoramiento para presentar proyectos y su gestión desde la oficina técnica creada en la Diputación para esta tarea.

El portavoz del PP ha aprovechado este debate para sumarse a las críticas de la Federación Española de Municipios y Provincias por la «excesiva complicación de los trámites y la desinformación» en relación con los fondos europeos. «Nos sumamos a la FEMP para pedir celeridad y claridad». «Hay mucha desinformación. Los plazos siguen, no aparecen las convocatorias, lo que va a reducir los periodos para los ayuntamientos», ha asegurado Suárez.

El pasado 21 de julio de 2020 el Consejo Europeo aprobó la creación de un instrumento temporal llamado Next Generation EU, dotado con 750.000 millones de euros, de los que 140.000 serán asignados a España. Estos fondos se canalizan en nuestro país a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia elaborado por el Gobierno de España.