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Con solo una abstención y 24 votos favorables, el Pleno de la Diputación de Burgos ha aprobado que sea esta institución la que tramite las sanciones puestas en los municipios de menos de 1.000 habitantes por no llevar o hacer mal uso de la mascarilla.
La propuesta del partido socialista ha sido aprobada por amplía mayoría y ha contado con el apoyo de los dos partidos que forman el equipo de Gobierno (PP y Ciudadanos) ya que, como ha explicado el portavoz 'popular', Borja Suárez, se ha estudiado y se ha considerado viable.
El decreto de la Junta de Castilla y León para reforzar el control y la sanción de las medidas para frenar la expansión de la covid-19, tales como el uso de la mascarilla, atribuye a los Ayuntamientos la vigilancia, el control y, en su caso, la denuncia de los incumplimientos.
El PSOE alegaba que esto producía problemas de convivencia en los pueblos, donde las personas tienen una relación más estrecha siendo el propio alcalde el encargado de firmas la resolución de sanción. Además, el grupo provincial del PSOE señalaba que muchos Ayuntamientos de la provincia tienen falta de medios personales y técnicos reales para llevar a cabo dichos cumplimientos. Por estas razones se pedía a la Diputación que fuese esta institución la que asumiera estas tareas.
Suárez ha explicado que se han dirigido al Servicio de Tesorería y al Sajuma (Asesoramiento Jurídico a Municipios) para ver cómo se podía articular algo que la Diputación ya viene haciendo a través del Servicio de Recaudación. Según datos aportados por la Subdelegación del Gobierno, de julio a enero, se han tramitado unas 900 sanciones procedentes de pueblos de la provincia de menos de 20.000 habitantes. «Salen a gestionar unas 600 sanciones, por lo que es viable tramitarlas con los medios propios de la Diputación. Teníamos que hacer un sondeo por si se desbordaba el servicio, pero en este caso no es así», ha explicado el portavoz del PP.
De esta forma, la Diputación asumirá esta tarea y no tendrán que ser los Ayuntamientos los que tramiten las sanciones. Será un servicio que se prestará a los Ayuntamientos de menos de 1.000 habitantes que lo soliciten. Tras su aprobación se informará a los Consistorios de esta posibilidad, aunque conllevará una tasa. «Se tiene que sacar un procedimiento específico en la plataforma digital, por ello a aquellos Ayuntamientos que deleguen esta función en la Diputación se les aplicará una tasa», ha apuntado Suárez.
Aunque la proposición ha sido aprobada por amplía mayoría, no han estado ausentes las críticas. Nicasio Gómez, diputado de Vox, ha señalado que debería ser la Subdelegación del Gobierno en Burgos la que se encargase de esta tarea.
Por su parte, Suárez ha añadido que la Diputación arrastra así con una competencia que «entendemos es de otras administraciones» y ha añadido que «son las administraciones más pequeñas, las que no tienen menor capacidad, las que se encuentran con esta situación. Por lo que se les comunicará que pueden delegar en el Servicio de Recaudación de la Diputación el trámite de estas sanciones».
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