Casas en ruinas, un problema caro y enquistado en los pueblos de Burgos

Las casas en ruina en los pequeños pueblos de Burgos son otra consecuencia de la despoblación y, además, son un problema añadido para los Ayuntamientos del medio rural. Lo habitual es que los propietarios de estos inmuebles sean varios, a causa de herencias múltiples, dueños que no viven ni tienen ya relación con el pueblo.

Estos edificios en estado ruinoso generan un foco de insalubridad y un peligro para la vía pública. Para los Ayuntamientos de pueblos pequeños suponen un problema cada vez más elevado, debido al coste de derruir estas casas.

Los responsables de la demolición son los propietarios, pero en caso de que no se los encuentre o se desentiendan, la responsabilidad de velar por la seguridad es del Consistorio. Si la casa la derriba el Ayuntamiento, este se queda con el solar, una ejecución subsidiaria.

Pero se trata de un arma de doble filo, porque el pueblo se queda con un solar de escaso valor después de haber gastado entre unos 30.000 y unos 60.000 euros por el derribo. Una cantidad muy importante para localidades pequeñas. Estas pueden reclamar al propietario el coste de la demolición, pero lo más habitual es que no se encuentre al dueño o dueños.

El precio de derribar estos inmuebles ha aumentado exponencialmente en los últimos años. No solo es el precio de la maquinaria y de personal, también el desbroce, la separación de residuos y su traslado a los vertederos autorizados. A todo ello, se le suman los trámites administrativos.

Para la mayoría de Ayuntamientos de Burgos, una provincia con muchos pueblos de pequeño tamaño, resulta muy complicado sacar adelante un expediente de ruina con éxito, por ello necesitan el apoyo de otras administraciones.

Es ahí donde entra la Diputación de Burgos. Esta institución ayuda con los trámites administrativos y el trabajo de campo a los pueblos de menos de 500 habitantes. Tramitar el expediente de calificación de ruina, localizar a los propietarios, el proyecto de demolición, asumir el vallado de la casa… Todos estos trámites los realiza la Diputación, pero el más costoso, no en términos monetarios, es el de localizar a los propietarios.

Casi la mitad de los expedientes que tramita actualmente la Diputación de Burgos se encuentran ahora mismo en ese punto, en el de localizar a los dueños del inmueble en estado ruinoso para que den su autorización. «Solo con localizar a uno ya podemos tirar del hilo, pero es que puede que el nombre que aparezca en el catastro sea el de una persona que lleva 20 años muerta. Se pregunta a los vecinos, se tira de los hilos que se pueda, pero es muy costoso, es lo que más ralentiza resolver estas demoliciones», asegura Jesús María Sendino, diputado al frente del área de Asesoramiento Jurídico y Urbanístico a Municipios y Arquitectura (Sajuma).

Desde hace un par de años la Diputación se encarga de tramitar esos expedientes y hacer la valoración del coste de demolición. Se hace a través del convenio que la institución tiene con Tragsa. Cuando comenzó esta oficina, se pidió a los pueblos que enviaran las casas en peligro de caída que tuvieran, dos por pueblo.

«Ya me gustaría poder resolver 200 expedientes en esta legislatura, por ejemplo, pero es muy complicado. Por eso tenemos que ser conscientes del trabajo y los medios y asumir lo que vayamos a poder dar salida», explica Sendino.

Actualmente, la Diputación tiene en marcha 90 expedientes, 12 con calificación de riesgo muy alto y 15 en riesgo alto. El resto de casas tienen una calificación medio/alta, pero hay que ser conscientes de que con el paso del tiempo y el abandono pueden entrar en un riesgo de colapso mayor.

En unos siete meses la Diputación ha tramitado 28 procedimientos de ruina y se han documentado hasta 41 expedientes. Trece, por ejemplo, no están iniciados por esta dificultad de localizar a los propietarios. En cambio, ocho ya están resueltos, es decir, la casa ha sido demolida o por los propietarios o por el Ayuntamiento y hay acta de otros siete en los que los propietarios se han hecho cargo de la demolición.

El desembolso de entre 30.000 y 60.000 euros por demolición es un roto importante para los pueblos, si a ello le sumamos todo el procedimiento, sería algo inviable de ejecutar. Por ello, esta oficina técnica de Tragsa se encarga, en cada procedimiento de ruina, de personarse en el lugar, verificar el estado, tomar fotografías y medidas, consultar el catastro y preguntar a vecinos para localizar a los propietarios. Los arquitectos elaboran el proyecto de demolición y estiman el coste.

«Realizar todo este trabajo de campo supone ya un alivio para los pueblos, que no tienen personal para asumirlo», explica el diputado. Ahora mismo, esta oficina está investigando casi a la mitad de los inmuebles por la imposibilidad de localizar a los propietarios.

La despoblación, el envejecimiento de la población, el éxodo rural son factores que provocan que las viviendas del medio rural burgalés se deshabiten y, en muchos casos, queden vacías por muchos años. Este problema no es nuevo y la Diputación y alcaldes llevan años intentando buscar la mejor fórmula para tramitarlo.

• Temas
• La España Vaciada
• Medio rural
• Residuos