Y DESPUÉS DEL 30 de noviembre... ¿QUÉ PASA? OBRAS NECESARIAS PARA UNA AP-1 MÁS PERMEABLE Y SEGURA

Sin embargo, se llega al 1 de diciembre de 2018 sin haber cumplido con esas premisas. Y eso que la fecha de la finalización de la concesión se conoce desde 2005, cuando se acordó la cuarta y última prórroga y se amplió el contrato hasta el 30 de noviembre de este año. «No ha habido intención de liberalizar la AP-1», se lamenta Rafael Solaguren, portavoz de la Plataforma de Vecinos Afectados por la N-I, quien critica el «fallo» del Ministerio de Fomento cuando «todo debería estar previsto».

Para empezar, una de las prioridades una vez se levanten las barreras a medianoche del 30 de noviembre es eliminar las playas de peaje para poder circular con mayor seguridad, en una vía que verá incrementado en 7.000 vehículos diarios su media de 20.800 (datos provisionales de 2018 del Ministerio de Fometno). Son las zonas de peaje las que ocasionan embotellamientos, una de las principales preocupaciones a las que se enfrenta la DGT, sobre todo de cara al puente de la Constitución.

El contrato que Fomento firmará con Itínere, para que se encarge del mantenimiento de la vía durante los próximos seis meses, incluirá ese desmantelamiento, que tendrán que asumir los 62 trabajadores subrogados tras el expediente de regulación de empleo de Europistas. Y esto es lo único que se tiene claro a tres días de la liberalización, apunta Rafael Solaguren.

En Fomento trabajan, a marchas forzadas, para diseñar ese plan de mejoras, con la información que desde Burgos le ha transmitido el PSOE, con las peticiones ciudadanas sobre intervenciones o nuevos accesos. Insisten en que, para haber llegado a tiempo, se tendría que haber empezado a trabajar con una previsión mínima de 18 meses, y no ha sido así, «indicativo de que el PP no hubiera liberalizado la AP-1» de seguir en el Gobierno central, afirman en el PSOE.

Para que la AP-1 responda a las nuevas necesidades de autopista revertida al Estado, está claro que se requiere de nuevos accesos. Y hay algunos de «sentido común», recuerda Solaguren, como el de Monasterio de Rodilla por La Brújula, que supondría una inversión de 10 millones de euros, según cálculos del Partido Popular.

La Plataforma de Vecinos Afectados por la N-I reclama también accesos en Cubo de Bureba, para la conexión con la N-232, o en Briviesca, para el polígono industrial del municipio. E incluso en Castil de Peones. Se trata de garantizar una permeabilidad que, ahora como autopista, no tiene una vía que, a partir del 1 de diciembre, será de acceso gratutito y tedrán que dar servicio a todos los municipios del recorrido.

También se demanda un tercer carril, pues la AP-1 tendrá que absorver el tráfico derivado de la N-I, que dejará de ser la única alternativa gratuita y se convertirá en una vía de comunicación interpueblos. Y los transportistas reclaman más zonas de descanso, pues actualmente solo cuentan con tres áreas de servicio, insuficientes para cumplir con la normativa de descansos.

Por otra parte, vecinos y usuarios reclaman también que la liberalización de la AP-1 no olvide las mejoras que requiere la nacional, a fin de garantizar su buen estado de conservación y convertirla en una carretera más segura. Rafael Solaguren vuelve a criticar que Fomento continúe adelante con proyectos muy caros, como la circunvalación de Monasterio de Rodilla (44 millones) o las mejoras entre Rubena y Fresno (10 millones).

Cuando se diseñaron eran imprescindibles pero ahora, tras años de retraso en la ejecución, son una pérdida de recursos, insiste. La plataforma vecinal apuesta por intervenciones más austeras pero que hagan más segura la N-I, como sustituir los cruces a nivel por raquetas o contar con carriles de aceleración y desaceleración. Nada de pasos elevados millonarios, obras menores que hagan más confortable una carretera que, si bien reducirá su volumen de tráfico, seguirá siendo clave para la circulación doméstica.