Que la AP-1 Burgos-Armiñón será libre y gratuita a partir del 1 de diciembre está claro; que se levantarán las barreras y se podrán recorrer sus 84,3 kilómetros sin pagar ni un peaje, también. Sin embargo, las recientes declaraciones del ministro de ... Fomento, José Luis Ábalos, sobre la necesidad de revisar el modelo actual de carreteras del estado, sin descartar el cobro de peajes en las autovías, han abierto la caja de los truenos, generando nuevas incertidumbres.
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En España hay 12.000 kilómetros de autovías y 3.000 de autopistas, y el Ministerio de Fomento cierra ejercicio con un déficit de 7.000 millones de euros en trabajos de conservación, según los datos de la Asociación Española de Carreteras (AEC). Además, Ábalos ha recordado en varias ocasiones que «no hay nada gratis» y que, si bien se paga por el uso de otras infraestructuras, como el avión o el ferrocarril, en el caso de las carreteras todos los vehículos circulan gratuitamente, incluidos los extranjeros, salvo que la vía sea una autopista.
Y esta realidad genera una situación de discriminación, habida cuenta de que el modelo no es homogéneo en España. Se combinan vías de alta capacidad gratuitas con otras de pago y, a juicio del Ministerio, habría que diseñar un modelo único para toda España, sin discriminación por comunidades, y sostenible en materia de conservación. De ahí la creación de una subcomisión de Fomento en el Congreso de los Diputados para abordar el problema, cuya solución podría estar en la implantación de peajes en las autovías.
Sin embargo, la hipotética medida no sería de aplicación inmediata. Eso sí parece que el Gobierno quiere tener el asunto resuelto en esta legislatura, que concluiría en 2020 si no hay adelanto electoral. Por ese motivo, el PP ha exigido al Gobierno que aclare si la AP-1 será definitivamente gratuita o volverá, en pocos meses, a incorporar los peajes. Fomento lo descarta; la AP-1 será gratuita y afirma que en nada le va a afectar el Real Decreto 18/2018 de medidas urgentes en materia de carreteras recién aprobado.
El mismo habilita a la Sociedad Estastal del Transporte Terrestre (Seittsa) para gestionar el cobro del peaje de las autopistas quebradas y rescatadas y de las radiales, apuntan fuentes socialistas, pues mantendrán los peajes. Eso no significa que la AP-1 vaya a acabar gestionada por Seittsa con un nuevo peaje, pues la concesión finaliza el 30 de noviembre y la vía se abrirá al tráfico gratuito.
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El Gobierno de Pedro Sánchez se ha comprometido a no renovar las concesiones, ni sacar nuevas licitaciones, de los contratos que finalizan en el presente mandato. Una decisión que afecta, además de a la AP-1, a la AP-7 Alicante-Tarragona y la AP-4 Sevilla-Cádiz, cuyas concesiones finalizan en 2019. Sin embargo, sobre la mesa está el futuro del resto de las autopistas españolas y esa revisión del modelo, que en un afán por homogeneizarlo y hacerlo sostenible podría asemejarse a los mecanismos aplicados en otros países europeos (pagos por uso y no por recorrido, por ejemplo).
Y, sobre la caja de los truenos, sobrevuela también la Euroviñeta, el sistema de pago de peajes que se aplica en Europa para los vehículos pesados, del que mucho se ha hablado para su implantación en España, y que de momento solo está en vigor en Guipúzcoa, en la N-1. La Euroviñeta no acaba de gustar, ni a usuarios ni a políticos, pero lo cierto es que España presenta situaciones de desigualdad que al Ejecutivo de Pedro Sánchez la gustaría erradicar, y la red de carreteras es cada vez más extensa y, por tanto, más costosa de mantener. Así que habrá que ir viendo qué pasos da Fomento, que ocurre con la subcomisión del Congreso para saber si, de aquí a unos (pocos) años se implanta un nuevo modelo de «peaje» en las vías españolas.
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