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Virginia Barcones, delegada del Gobierno en Castilla y León, en el acto del 40 aniversario del Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Leticia Pérez | ICAL
Barcones advierte que «cualquier vestigio» que honre a los «fascistas» no cabe en la Memoria Democrática

Barcones advierte que «cualquier vestigio» que honre a los «fascistas» no cabe en la Memoria Democrática

La delegada del Gobierno lamenta el camino «casi peligroso» y la «tendencia habitual» de que las instituciones de Castilla y León desafíen el estado de derecho»

BURGOSconecta

Burgos

Viernes, 24 de febrero 2023, 16:00

La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, ha asegurado que la Ley estatal de Memoria Democrática es «clara» por lo que «cualquier vestigio» que quiera honrar a los «fascistas, la dictadura y todo el daño» que se produjo en España no tiene cabida en el marco legal del país.

Barcones lo ha recordado de este modo días después de que la Junta haya iniciado el expediente para la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) de la 'Pirámide de los italianos', ubicada en el puerto del Escudo. Se inauguró en agosto de 1939 para albergar los restos de combatientes de ese país en la Guerra Civil, de ahí que la delegada haya advertido que aquellos que intenten buscar «subterfugios» para que no se aplique el estado de derecho en la Comunidad se encontrarán, «sin ningún tipo de duda» y «como no puede ser de otra manera», con el imperio de la ley.

Tras asistir al acto de la celebración del 40 aniversario del Estatuto de Autonomía en las Cortes, Barcones recordó que el Gobierno tiene la obligación de actuar en defensa del estado de derecho en la Comunidad al asegurar que las normas se cumplen como en el resto del país. «Después de 40 años del Estatuto, hay que reflexionar hacia dónde vamos. Se está convirtiendo en un camino casi peligroso y una tendencia habitual el ir desafiando, desde las instituciones, el estado de derecho», sentenció.

La delegada apuntó, según recogió la Agencia Ical, que, al igual que en otras ocasiones como ha ocurrido con la interrupción voluntaria del embarazo y el Serla, el Gobierno central actuará en defensa de los «hombres y mujeres» que viven en la Comunidad y de sus derechos.

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