Apoyo con desconfianza y rechazo total entre los alcaldes burgaleses a la entrega de remanentes al Estado

Los alcaldes de los pueblos burgaleses, de diferentes signos políticos, ven luces y sombras en este acuerdo. Aunque las críticas más feroces llegan de los regidores del Partido Popular.

Por un lado, algún alcalde socialista señala que la fórmula puede parecer «liosa» pero añade que es una forma de «poder disponer del remanente de tesorería que desde 2012 no se permite gastar». Este regidor señala que la situación económica es complicada y puede ser una forma de ser solidarios entre administraciones, sabiendo que ese dinero entregado será devuelto al municipio. «Si una entidad entrega una cantidad al Estado, entre 2020 y 2021 devolverán 5.000 millones de euros a los ayuntamientos», aclara.

Algo que también señaló en el último Pleno de la Diputación el portavoz socialista David Jurado, «se trata de un sistema de préstamos para eludir la conocida como 'Ley Montoro'. Ahora podemos gastar cero, con este sistema podremos gastar un tercio de los remanentes entre 2020 y 2021», apunta.

Aún así, incluso los regidores socialistas muestran su temor, miedo y desconfianza a esta entrega del dinero municipal. «En esta situación sabemos que los ingresos del Estado van a disminuir y genera desconfianza pensar que puede que la devolución de nuestros remanentes se alargue. Aún así, es un sistema para poder emplear aunque sea una parte de nuestro remanente».

Aún así, incluso los regidores socialistas señalan que lo que de verdad deseaban era la derogación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para poder gastar con libertad sus remanentes.

La entrega de estos remanentes es de carácter voluntario, algo que, según un alcalde del PP, «es un truco, el ayuntamiento que no entregue sus remanentes no tendrá compensación porque no podrá usarlos. No tiene mucho de voluntario».

Borja Suárez, portavoz del PP en la Diputación, y Laura Puente, diputada provincial por el grupo Ciudadanos, calificaron este pacto como «uno de los mayores ataques a la autonomía municipal».

Hay que señalar que la primera parte del dinero que el Estado devuelva a los municipios que hayan cedido sus remanentes está condicionada a determinadas inversiones. Algunos regidores se muestran molestos por este condicionante, «¿cómo no voy a poder gastar mis remanentes en lo que estime que el pueblo necesita? Es una forma de dirigirnos. El dinero municipal lo debe gestionar el Ayuntamiento que es la administración más cercana, la que está en contacto con el pueblo y escucha a los vecinos. No se puede condicionar la inversión a lo que nos digan desde fuera», apunta un regidor burgalés.

Este alcalde de un pueblo de la provincia también reconoce su temor a que se alargue la devolución porque «los pueblos necesitan el dinero ahora, al igual que lo necesita el Estado lo precisan los pueblos. Entendemos y queremos creer que se ha hecho con buena voluntad ero es necesaria una rectificación del acuerdo», añade.

Por su parte, un diputado provincial, también señalaba esa necesidad actual y urgente de que los pueblos pudiesen disfrutar en el próximo ejercicio de sus remanentes. «La Diputación va a ver reducidos sus ingresos en un 20 o 30 por ciento, lo que implica que partidas como la de Planes Provinciales también se verá reducida y los pueblos necesitan dinero para invertir».