El alcalde defiende las cámaras en Castrillo Mota de Judíos para dar «tranquilidad» a los vecinos

El alcalde de Castrillo Mota de Judíos, Lorenzo Rodríguez, confía en que el Gobierno central autorice la instalación de cámaras de vigilancia en el municipio tras el último ataque antisemita sufrido. Se daría «tranquilidad» a los vecinos que ya han sufrido siete ataques similares, con pintadas en su mayoría, aunque en el último caso también se quemaron contenedores.

«Podría haber sido una tragedia», explica Rodríguez, pues el contenedor que se prendió era de metal y «se puso al rojo vivo» pero las llamas no llegaron a salir. Se quemó también otro de plástico y se pudo parar el fuego a tiempo gracias a que pasó un vecino por la zona, insiste. De lo contrario, se podría estar lamentando ahora el incendio de algunas viviendas.

Por ese motivo, el regidor insiste en reclamar que se instalen cámaras de vigilancia en el muncipio, y asegura que los vecinos están de acuerdo en la petición. Ciudadanos registró la semana pasada un escrito en el Congreso de los Diputados para condenar estos ataques y Lorenzo Rodríguez espera que, no solo se ratifique, sino que se apoye también la instalación de cámaras.

Oficialmente, el municipio ya ha trasladado la solicitud a la Subdelegación del Gobierno y, ahora, tienen que aportar la documentación necesaria para justificarla. «Es necesario», insiste Rodríguez, quien recuerda que su petición viene además respaldada por las comunidades judías de España y organismos como el Congreso Mundial Judío.

Además, sería una comunidad judía la que financiaría la instalación de las cámaras, cuya distribución la determinaría una empresa especializada, pero tendría en cuenta edificios tan emblemáticos como el centro de interpretación de la cultura sefardí y de recuperación de la memoria judía, que está en construcción. En Castrillo quieren estar seguros y tranquilos, afirma Rodríguez.

El regidor recuerda también que este tipo de actos tienen un impacto económico en las arcas municipales, pues cada vez que aparecen pintadas toca limpiarlas o sustituir los elementos dañados. En este caso se cifra en 5.000 euros el coste de reponer los contenedores dañados, limpiar las pintadas y sustituir todos los carteles que han sido afectados.

Lorenzo Rodríguez insiste en que estamos ante mucho más que meros actos vandálicos, son actos constitutivos de un delito de odio y, de hecho, hay un juicio pendiente por ataques ocurridos en años anteriores. Por otra parte, el alcalde espera que el trabajo de la Guardia Civil dé sus frutos y se pueda dar con los autores de los ataques sufridos en 2021 y en este 2022.

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