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Las empresas de la provincia de Burgos especializadas y autorizadas en la retirada de materiales con amianto aseguran que reciben llamadas a menudo de los ayuntamientos burgaleses para eliminar estos residuos. El problema es que estos materiales se acumulan en el término municipal de los ... pueblos sin que sean las administraciones locales las responsables. La gente los abandona incumpliendo la normativa.
El último caso ha ocurrido este fin de semana del 20 de enero en La Gallega. En un camino alejado del núcleo urbano, pero perteneciente al municipio, aparecieron arrojados unos 300 metros cuadrados de placas de uralita con amianto. Alguien, intentando esquivar los gastos de la retirada y el correcto depósito de los mismos, los arrojó ahí en contra de la ley. Una infracción que, en caso de demostrarse, supone multas y penas de cárcel.
La empresa Desamiantados Rey, encargada de estas tareas en la provincia de Burgos, confirma que son «frecuentes las llamadas de ayuntamientos pidiéndonos la retirada de estos escombros con amianto», aseguran. Por lo tanto, es usual que acudan a los pueblos de Burgos a retirar este material que han arrojado personas incívicas de forma ilegal.
La Guardia Civil de Burgos es clara en este aspecto, aunque el escombro lo haya arrojado un particular, si está en el terreno del municipio es el Ayuntamiento el que lo debe retirar. «Actuamos de oficio si detectamos la infracción e iniciamos los trámites para conocer al infractor, pero es muy difícil, hay que reconocerlo. Si no se llega a conocer al autor de los hechos, el titular del terreno es el que lo tiene que retirar», explican, «retirarlo hay que retirarlo siempre». Por ello, recomiendan que los pueblos den aviso a la Guardia Civil ante estos casos.
Francisco Peñas, alcalde de La Gallega, el último pueblo afectado, lamenta esta situación ya que, «para pueblos pequeños como este la retirada de este material supone un desembolso importante». Un desembolso que deben hacer los pequeños municipios, aunque sea un problema que no han generado. Peñas añade que este verano el pueblo vecino de Pinilla de los Barruecos también se encontró con un problema similar.
Las empresas encargadas de esta tarea reconocen que no es barata, aunque señalan que, cuanta más cantidad de material haya, más económico suele salir.
La Guardia Civil añade, al igual que certifican estas empresas, que estos avisos son frecuentes en la provincia de Burgos.
La parte tóxica de la uralita es la fibra de amianto, esos trozos, polvo o fibras que se esparcen por el aire que pueden provocar problemas para la salud. Además, las fibras indetectables pueden adherirse a la ropa o acumularse. Para manipular este material hay que tomar precauciones. Puede que por pasar al lado de estos escombros no ocurra nada, pero las fibras pueden adherirse y la exposición prolongada es perjudicial.
Para la retirada del fibrocemento o uralita hay que acudir a una empresa especializada y la normativa indica que, para impedir la contaminación del aire, hay que almacenarlos y transportarlos en contenedores cerrados y etiquetados.
Además, deben ser depositados en vertederos autorizados para gestionarlos de manera adecuada. Por ello, Francisco Peñas pide ayuda para intentar localizar a quienes han arrojado estas placas, ya que este procedimiento ilegal puede suponer multas e, incluso, penas de cárcel.
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