Las monjas de Belorado no se pliegan. Tras el anuncio del arzobispo de Burgos, Mario Iceta, de que tomaba las riendas del convento y de que expulsaba a Pablo de Rojas y José Ceacero, la respuesta de las clarisas ha sido acudir a denunciarle ante la Policía Nacional.
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Este jueves se ha vivido un capítulo más en la historia interminable de las monjas de Belorado que han decidido acogerse a la fe del 'obispo' excomulgado Pablo de Rojas. Un caso que va terminar judicializado y con una resolución de un juez civil porque ahora las religiosas, patrocinadas por la Pía Unión de San Pablo, han contraatacado al arzobispo de Burgos, Mario Iceta y a la Santa Sede con una denuncia «por abuso de poder».
El portavoz de las monjas clarisas de Belorado ha asegurado que la superiora del convento ha presentado una denuncia «por violación del derecho fundamental de asociación y el principio de separación, libre separación voluntaria, así como también por abuso de poder y por usurpación de la representación legal por parte del señor Iceta». Ceacero se ampara en que «ninguna confesión está por encima de la ley civil y en concreto de la Constitución».
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Aythami Pérez Miguel
Dice que el artículo 22 de la Constitución se recoge el derecho fundamental de asociación e impera para todo tipo de asociaciones, sean religiosas o sean de otro ámbito.
Y como la abadesa y su corte de monjas «se separaron voluntariamente con un documento firmado por la representante legal el 13 de mayo con notificación fehaciente vía burofax al señor Iceta el 14 de mayo», entienden que están fuera de la Iglesia Católica y que lo que diga el arzobispo de Burgos o la Santa Sede, les da igual.
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Ellas están fuera de la jurisdicción de la Iglesia. Se rigen por la jurisdicción civil y no la religiosa del código de Derecho Canónico, pero ¿qué pasa con las propiedades?
Preguntado si las religiosas tienen de propiedad sobre el monasterio, ha asegurado que «al 100%, porque son monasterios 'sui iuris', es decir, de derecho propio» algo que nadie pone en duda. Pero sí qué pasa con la propiedad del Monasterio de Belorado, una vez las religiosas han abandonado la fe de Roma.
Pero Ceacero insiste en que «no han abandonado el convento; «vamos, miren el registro de la propiedad. Y la representante legal es Madre Isabel; Iceta está confundiendo a la gente hablando con el Derecho Canónico en la mano. Pero solamente es vigente para aquellos que están bajo su jurisdicción y en el momento que salen de su jurisdicción, con una entidad jurídica, con una representación de personalidad» quedas, según Ceacero.
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Ceacero insistió en que «ni el señor Iceta, ni Roma, ni nadie, puede imponer el Derecho Canónico, porque el Derecho Canónico, en España, no puede estar por encima del Derecho Civil», asunto que parece claro.
A raíz de eso, como ellas «se han separado voluntariamente, y nadie puede oponerse a que se separen voluntariamente, y el mismo señor Iceta ha reconocido la separación voluntaria, no pueden imponer autoridad», porque no están ya bajo su jurisdicción.
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Con lo cual, «lo que ha hecho el señor Iceta ha sido una usurpación auspiciada, también desde Roma, de la representación legal de las entidades jurídicas Monasterio de Santa Clara de Belorado y Monasterio de Santa Clara de Derio. Con lo cual, no tiene valor ninguno».
Además, se ha «violado también un derecho fundamental recogido en el artículo 22 de la Constitución». Una denuncia que lleva adjunta un conjunto de documentos que asciende a 100 páginas, realizada en la Comisaría de Policía Nacional de Logroño.
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Recordó que tanto el obispo De Rojas como Ceacaro se van a quedar «mientras la madre abadesa requiera nuestros servicios y quiera que estemos aquí».
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