El tribunal examina la violencia del 'procés' con los jefes operativos del 1-O

Y no solo eso, naturalmente, ya que el tribunal deberá examinar también qué alcance tuvieron los episodios de ruptura callejera, meramente colateral, tumultuario o violento. Si fueron, y cuáles, propios de desórdenes públicos o de obstrucción a la justicia, caso del bloqueo a la comisión judicial de la 'operación Anubis' el 20 de septiembre en Barcelona; o bien fueron idóneos para configurar conductas de sedición o de rebelión. Si hubo acosos violentos, un alzamiento o intimidación.

Todo este panorama se pondrá a debate en las cuatro sesiones previstas para esta semana. La vista oral entra de lleno en la gestión policial del 20-S y del 1-O, con la declaración del alto cargo de Interior que coordinó el dispositivo del referéndum y de los mandos de la Guardia Civil y Policía Nacional en Cataluña. Además, comparecerá el miércoles la Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, que abandonó por una azotea el registro en la sede de Economía debido a la concentración de protesta de miles de personas.

En la cuarta semana del juicio, la ronda de testificales la abre hoy a las diez de la mañana José Antonio Nieto, que era secretario de Estado de Seguridad -número dos del ministro Juan Ignacio Zoido- cuando la coordinación del dispositivo para impedir por orden judicial la celebración del referéndum. Este plan lo asumió el coronel de la Guardia Civil y ex alto cargo de Interior Diego Pérez de los Cobos, quien declarará mañana.

Ambos tendrán que responder a todas las preguntas que le formulen las partes sobre el despliegue de 6.000 policías y guardias civiles, así como el propio operativo diseñado para el 1-O. Las comparecencias tendrá lugar pocos días después de que el expresidente Mariano Rajoy, la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y el propio Zoido defendiesen ante el tribunal la actuación policial durante esos días.

Si hubo cargas fue por responsabilidad de quien convocó el referéndum, vinieron a decir. Eso sí, declararon no saber nada de dicho operativo y se remitieron a Nieto y a Josep Enric Millo, el que fuera delegado del Gobierno en Cataluña, para asuntos espinosos como el uso de la fuerza por parte de los agentes (solo en Barcelona un juzgado investiga a 30 policías) o la decisión de replegar el dispositivo esa misma tarde. Además de Nieto y Millo, hoy será interrogado Juan Antonio Puigserver, secretario general técnico de Interior y máximo responsable político del departamento catalán durante los meses en que estuvo activo el artículo 155.

La sesión de mañana se ha reservado a mandos policiales vinculados a los dispositivos para impedir el referéndum: además del coronel Pérez de los Cobos, testificarán Sebastián Trapote, que era el jefe superior de la Policía Nacional en Cataluña durante el 1-O, así como el exresponsable de la Guardia Civil en esta comunidad Ángel Gozalo, cuya unidad estuvo en el despliegue del 20-S.

También declararán mañana mandos de los Mossos, como el jefe de la comisaría general de Información Manuel Castellví, así como los comisarios Emilio Quevedo y Cristina Manresa, que están siendo investigados por la supuesta pasividad de la policía catalana ante el 1-O.

En buena medida, el futuro procesal del procesado Joaquim Forn, exconseller de Interior, depende de lo que digan estos testigos. Salvo prueba contraria, documentó que los Mossos fueron el único cuerpo policial que elaboró a tiempo un plan de actuación ante el referéndum. Y que Pérez de los Cobos suprimió las cuatro reuniones de coordinación del mismo 1-O. También que no solo la magistrada del Tribunal Superior catalán exigió que la labor policial se desplegase «sin afectar a la normal convivencia ciudadana». Lo hizo, además, por escrito, José Antonio Nieto, al reclamar dos días antes primar la «seguridad» de los ciudadanos a la «eficiencia» en disolverlos.

En suma, estableció la presunción (contraria a la de los fiscales) de que los Mossos cumplieron. Si eso acaba esculpiéndose como verdad oficial, el tipo delictivo de rebelión, basado en que hubo un uso político de una fuerza armada (los Mossos) que por su inacción y violencia potencial contribuyó a culminar la ilegalidad, quedará tocado.