¿Y si el 'procés' se quedó en conspiración?

Aquella resolución, firmada por el ponente y presidente del tribunal del Supremo, Manuel Marchena, admitía a trámite la querella de la Fiscalía General del Estado contra seis miembros la Mesa del Parlament. Los diputados secesionistas, liderados por la procesada Carme Forcadell, acordaron admitir y tramitar la llamada declaración unilateral de independencia (DUI) tras el abrumador 'sí' en el referéndum.

En apenas ocho páginas, los magistrados hacían una valoración sucinta del contenido de la querella. Afirmaban que el proceso penal era de «cristalización progresiva» y que sería en fase de instrucción cuando los hechos imputados, a la vista de las diligencias, confirmarían o desmentirían su realidad. «Y será entonces cuando pueda pronunciarse si esos actos son susceptibles de integrar las exigencias del delito de rebelión (como sostiene provisionalmente la Fiscalía en el juicio) o, por el contrario, han de ser subsumidos en los artículos que castigan la conspiración para la rebelión».

Este ilícito proclama que los elementos del tipo proyectado «no llegan a tener realidad», al no superar los conspiradores la fase preparatoria. «La decisión se basa en lo que la querella afirma y (...) no da por supuestas todas y cada una de las valoraciones fácticas y jurídicas que se deslizan de la acción penal entablada», afirma el auto.

Casi un año y medio después de esta resolución, el juicio del 'procés' ya ha consumido nueve sesiones en tres semanas. Un periodo razonable que induce a pensar en una rebaja en el grado del delito de rebelión, según las fuentes jurídicas consultadas conocedoras del procedimiento. Afirman que los hechos conocidos hasta ahora encajarían más bien en la conspiración para la rebelión. Una figura que rebajaría uno o dos grados la pena solicitada por la Fiscalía. Este castigo va desde los 25 años de prisión al exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, como «promotor» de la insurrección violenta contra el orden constitucional, hasta los 16 años reclamados al grueso de los miembros del Govern.

En caso de confirmarse esta rebaja en una factible condena, Junqueras sería castigado con entre siete años y medio y doce años y medio de prisión, mientras que sus subordinados, a entre cuatro y ocho años. A algunos de ellos también se le imputa malversación de caudales públicos, que se sumaría a la pena global en caso de verificarse.

Las fuentes consultadas establecen esta primera conclusión en virtud de los hechos conocidos hasta ahora en el juicio. Aunque falta por practicarse el grueso de la prueba testifical y la totalidad de la documental y pericial, ya vislumbran algunos aspectos que serán difíciles de probar para sustentar la rebelión.

Para la Fiscalía, el 'procés' parte de tres requisitos que configuran la presunta rebelión: un plan «concertado» por los acusados, acciones legislativas y ejecutivas para dar apariencia de legalidad a la ruptura con el Estado y una eventual violencia para conseguir los fines. Este es un asunto clave. O hubo violencia. Y violencia suficiente para configurar el gran posible delito a examen. O no la hubo, y no hubo rebelión.

Para zafarse del fantasma de la concertación, los procesados han renegado de la agenda incautada al secretario general de Economía y segundo de Junqueras, Josep Maria Jové. Dicho documento contenía apuntes sobre reuniones desde 2016 entre el legislativo, ejecutivo y las entidades de agitación soberanistas.

Por sus declaraciones, ninguno parecía haberse reunido con Jové. Hasta que el expresidente Artur Mas lo reconoció el pasado martes: coincidió con él «en una o dos ocasiones», con Marta Rovira, Neus Munté, Jordi Turull, Raúl Romeva y otros, dijo. Pero negó que fuese «un comité estratégico» como cree la Fiscalía. «Era un ámbito de debate, nunca había orden del día ni los mismos asistentes. No se levantaba acta». En suma, era un ente informal de aroma casi asambleario.

Con respecto a la ruptura del Estado, los acusados asumen que desobedecieron las advertencias del Tribunal Constitucional, pero alegaron que votar no es delito ni convocar un referéndum se castiga en el Código Penal. Justificaron para ello la doctrina de la «ponderación», según la cual examinaron la instrucción de la corte de garantías con el mandato de su electorado, el principio de legalidad con el principio democrático. Y primó este último.

Finalmente, testigos como la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría sí mencionaron la violencia ejercida en el 'procés'. Puso como ejemplo la movilización de «murallas humanas» para posibilitar la votación del 1 de octubre. Su compañero en Interior, Juan Ignacio Zoido, añadió el «incumplimiento» del deber de los Mossos durante aquella jornada. Pero las fuentes consultadas consideran que los indicios presentados hasta ahora son insuficientes para convertirse en prueba. Solo un dato, ninguna resolución judicial u orden policial advirtió a los presuntos rebeldes de que celebrar el referéndum y votar provocaría actos de violencia.

Con respecto a la consumación del 'procés', otro episodio a debate , acusados y testigos como Mas defendieron que la DUI fue «simbólica» y sus efectos se suspendieron al instante, mientras que Sáenz de Santamaría dijo que fue real, de ahí la aplicación del artículo 155 y la intervención de la autonomía de Cataluña.