Las tentativas de pactos para paliar los efectos de la crisis sanitaria se extienden por los territorios

Gobiernos autonómicos y oposición se interpelan estos días con más o menos escepticismo sobre el resultado, por las «diferencias ideológicas», o la eficacia, por el «margen de maniobra» de cada administración para hacer frente a la crisis. «Una cosa es que el pacto sea viable y otra que no lo intentemos», apunta, aun así, un dirigente territorial con la vista puesta en el 91,4% de los españoles que, según el último barómetro del CIS, defiende la búsqueda del consenso.

Quienes comparten el argumento, y no son ajenos a la polarización del actual panorama político, advierten sobre el precio de las tentaciones de ruptura y celebran, por ello, que Pedro Sánchez y Pablo Casado entendieran el lunes que lo contrario a abrir un espacio de diálogo les habría restado a ambos. A pesar de la evidente desconfianza.

El presidente del PP salió del encuentro exhibiendo un logro: haber derivado las conversaciones de la mesa de partidos que pretendía el Gobierno, y que los populares habían tachado de «trampa», a una comisión parlamentaria en el Congreso en la que cada fuerza política esté representada según su peso. Y el jefe del Ejecutivo replicó dos días después, el miércoles, con una propuesta de acuerdo en todos los territorios «gobierne quien gobierne».

Horas más tarde, el socialista Ángel Gabilondo y el PSOE madrileño tendían ya la mano a Isabel Díaz Ayuso, PP, para un pacto de reconstrucción en la comunidad que incluya a grupos parlamentarios, agentes sociales y municipios. Este viernes, habrá sesión en la Asamblea tras fallar este jueves los medios telemáticos.

También en Andalucía, donde gobiernan PP y Ciudadanos, está programada este viernes la comparecencia de Moreno. El presidente de la Junta ya ha adelantado que intentará impulsar la alianza. El PSOE urge, mientras tanto, a articular una mesa en la Cámara autonómica para estudiar las medidas. Los socialistas, además, se ofrecen para modificar los Presupuestos.

Un oferta similar extendió el PP el 16 de abril al presidente de la Generalitat Valenciana, el socialista Ximo Puig, para pactar unas cuentas que se adapten a la nueva realidad. La dirigente popular, Isabel Bonig, planteó, en aquella ocasión, un recorte de 1.200 millones de euros.

Esta semana, Puig se comprometió a trabajar por un acuerdo con la oposición sin «ninguna urgencia mediática» ni «cheques en blanco». El PP quiere una comisión parlamentaria de estudio, al estilo de lo propuesto en el Congreso, para abordar posibles iniciativas.

En otros casos, hace tiempo que las llamadas al acuerdo se pusieron sobre la mesa. El 13 de abril fue el socialista Emiliano García-Page quien planteó un pacto regional por la recuperación en Castilla-La Mancha una vez superada la emergencia. Y el 5 de abril hizo lo mismo su compañero de filas, el presidente de Aragón, Javier Lambán. La semana pasado hubo un encuentro en esta región con partidos, agentes sociales y representantes municipales. Del mismo modo, el Ejecutivo de Castilla y León, de PP y Ciudadanos, defiende trabajar consensos. Y en el País Vasco, parte de la oposición y el PSE, socio de gobierno del PNV, presionan por sentarse a dialogar.

En Extremadura, sin embargo, el PP condicionó este jueves el acuerdo que defiende el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, a que se reconduzca la gestión de la crisis sanitaria. «Usted quiere hablar de pactos, pues cuente bien los fallecidos», advirtió en la Asamblea José Antonio Monago.

En algunos territorios, además, dadas las condiciones de financiación, reconocen que están pendientes tanto de la Unión Europea como del Gobierno central. La líder de Ciudadanos, de hecho, respondió este jueves a Sánchez que los acuerdos más necesarios son los del Congreso. Se postuló, además, como el PP, para presidir la comisión que se constituya. Lo que puso a salvo de cualquier nueva mayoría que pueda articularse a cuenta del coronavirus son las alianzas de gobierno con los populares.