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Por segunda vez en tres meses el Consejo General del Poder Judicial protagonizó un serio encontronazo con el vicepresidente segundo y líder de Podemos a cuenta de la división de poderes. El gobierno de la judicatura reprochó hoy a Pablo Iglesias que extienda «sospechas ... inaceptables» sobre la independencia de los jueces por criticar la condena a 19 meses de cárcel a una diputada morada por su conducta durante un desahucio. Podemos no se calló y acusó a la cúpula judicial de estar «al servicio de la derecha».
Pocas veces un enfrentamiento entre el Consejo General del Poder Judicial y un miembro del Gobierno ha alcanzado las cotas de virulencia como el que mantiene con Iglesias. La comisión permanente del órgano rector de los jueces emitió este jueves un comunicado, con seis votos a favor y uno en contra, para denunciar que las críticas de Iglesias a la condena por altercados a Isabel Serra, portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, «generan una sospecha inaceptable» sobre la imparcialidad y la independencia de los tribunales.
El Consejo mostró su «profundo malestar» porque el vicepresidente segundo puso en tela de juicio la decisión judicial, y también porque deslizó que los jueces otorgan «un trato desigual y privilegiado a unos colectivos que, por su influencia y contactos, serían impunes a la acción de la justicia». El Poder Judicial rechaza de plano esa insinuación y recuerda las condenas en los casos Nóos, Gürtel, los ERE, y las tarjetas 'black'. «Es público, notorio y reconocido», agrega el comunicado, que los jueces «han dado sobradas muestras de su independencia, imparcialidad y objetividad, cualquiera que sea la posición política o social de los enjuiciados».
Iglesias señaló el miércoles, nada más conocerse la condena a Serra por atentado a la autoridad, lesiones leves y daños en un desahucio en Madrid en 2014, que «las sentencias se acatan (y en este caso se recurren) pero me invade una enorme sensación de injusticia. En España mucha gente siente que corruptos muy poderosos quedan impunes gracias a sus privilegios y contactos, mientras se condena a quien protestó por un desahucio vergonzoso». Este jueves intentó plegar y velas y precisó que «por prudencia» no dijo lo que pensaba porque es vicepresidente segundo del Gobierno, y tan solo reflejó en su mensaje en Twitter «algo que piensa mucha gente».
Mucho más contundente y sin paños calientes fue la reacción de su partido. El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, respondió que «cualquier comunicado de una cúpula judicial con el mandato caducado y al servicio de la derecha es ilegítimo». El diputado de En Comú Podem se refería a que los vocales del Consejo General del Poder Judicial tienen su mandato vencido desde diciembre de 2018, y si no hay una renovación es por la falta de acuerdo entre las fuerzas para su reemplazo.
Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, echó leña al fuego y colgó en su cuenta de Twitter que Carlos Lesmes, presidente del Consejo, ha pasado «ocho años (de) alto cargo en gobiernos de (José María) Aznar. Habitual de bien pagados cursos en (la fundación) FAES. Casi 17 meses en funciones nombrando decenas de jueces afines al PP mientras (Pablo) Casado bloquea la renovación del CGPJ».
Este es el segundo choque de un miembro del Gobierno con el Poder Judicial en tres mes y ambos protagonizados por Iglesias, En enero, cuando apenas llevaba días como vicepresidente segundo, sostuvo que los tribunales europeos habían «humillado» a los españoles en todos los casos relacionados con el 'procés' que se ventilaron fuera de España.
También en aquella ocasión el gobierno de la judicatura se tomó sus palabras como un ataque a «la independencia, la imparcialidad y la profesionalidad» de los jueces», y pidió «mesura y responsabilidad» al número tres del Ejecutivo. En esta oportunidad ha ido más lejos en su respuesta, y planea la sombra de un conflicto institucional entre un Gobierno de izquierda y un Poder Judicial, con mayoría de vocales de perfil conservador, que no guardan las mejores relaciones.
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