Subida del IRPF para las rentas altas, derogar la reforma laboral y regular los alquileres

En el área fiscal han acordado subir dos puntos la tarifa del IRPF para las rentas superiores a 130.000 euros y cuatro puntos a las de más de 300.000 euros (así como a las rentas de capital superiores a 140.000 euros). Esta subida solo afectará a unos 121.000 contribuyentes, el 0,67% del total, según los cálculos de los técnicos de Hacienda (Gestha), que deberán abonar de media 4.300 euros más al año cada uno, lo que permitirá recaudar unos 328 millones de euros más. Además prometen bajar al 23% el Impuesto de Sociedades a las pymes que facturen menos de un millón de euros y subir el tipo mínimo que paguen las grandes empresas al 15% (el 18% si son bancos o de hidrocarburos).

En materia de pensiones, ambos grupos acordaron eliminar el factor de sostenibilidad (que ajusta la cuantía de la prestación a la esperanza de vida) y el índice de revalorización (IRP, por el que sólo subirían un 0,25% si el sistema está en déficit), y aprobar una ley que obligue a actualizar las pensiones en función del IPC «de forma permanente», y se comprometen a «aumentar el poder adquisitivo» de las mínimas y no contributivas.

En materia de pensiones, ambos grupos han acordado eliminar el factor de sostenibilidad (la vinculación de las pensiones a la esperanza de vida) y el índice de revalorización (IRP, que tiene en cuenta la marcha de la economía), y aprobar una ley que obligue actualizar las pensiones en función del IPC «de forma permanente», además de comprometerse a aumentar el poder adquisitivo de las pensiones mínimas y no contributivas.

La subida del salario mínimo también se refleja en el texto, cuya propuesta es subirlo progresivamente hasta llegar al 60% del salario medio en España, como recomienda la Carta Social Europea, lo que supondría incrementar el SMI hasta los 1.200 euros al final de la legislatura, así como simplificar los tipos de contratos de trabajo y revisar la normativa sobre trabajos a tiempo parcial.

Una de las medidas que más expectativas generaba era la limitación del precio de los alquileres por la gran subida que han experimentado en los últimos cinco años. El acuerdo es muy genérico y se limita a prometer frenar las «subidas abusivas del alquiler», para lo que Fomento habilitará índices de referencia de precios y que se ponga «techo» a las subidas con una metodología «objetiva y sujeta a revisión periódica».

Ambos partidos apuestan por establecer qué es 'vivienda vacía' para movilizar este sector mediante medidas de «estímulo o sanción» para sacar al mercado inmuebles a precios «razonables». Incluso acuerdan llevar a cabo reformas normativas para que las comunidades de propietarios puedan prohibir el alquiler turístico y su limitación para uso residencial.

Más allá de las medidas puramente económicas, los partidos se comprometen a que la asignatura de religión sea de carácter «voluntario» para los estudiantes, sin que haya una asignatura alternativa ni la nota sea computable a efectos académicos.

Además, establece las «listas cremallera» en todos los procesos para «garantizar la presencia de mujeres en las instituciones» a través de este sistema que alterna las posiciones entre los sexos garantizando una mayor representación femenina.

Incluso afirman que abrirán el debate sobre la posibilidad de que los jóvenes de «16 y 17 años» puedan votar en las próximas elecciones.