Más transferencias para el «conflicto político catalán»

La principal promesa para tratar de contentar al independentismo y separarlo de la vía unilateral es la de dar «cumplimiento» a los dictámenes del Tribunal Constitucional y traspasar a la Generalitat aquellas «competencias pendientes» ya reconocidas en el Estatut de Cataluña. El futuro Ejecutivo «progresista» ya anticipa algunas de esas materias que serían entregadas a la administración autonómica catalana, tales como la gestión de becas universitarias, la formación sanitaria especializada, el salvamento marítimo o la ejecución de la legislación laboral en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación profesional.

En la parte de declaración de intenciones, el futuro Gobierno se compromete a apostar por una «España fuerte y cohesionada» estructurada a partir de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, a pesar de las reticencias de éste último a admitir las bondades del que denomina '»régimen del 78», reconocen que el sistema autonómico «ha dado a nuestro país la etapa de mayor prosperidad y estabilidad de su historia» por lo que lo consideran «el mejor sistema para garantizar la unidad y la diversidad». Pero acto seguido, critican su desfase. «Es innegable que el sistema autonómico adolece de notorias disfunciones, desequilibrios y carencias que dificultan la correcta provisión de servicios a la ciudadanía y provocan tensiones entre el Gobierno central y los Gobiernos autonómicos», afirma el documento de trabajo del nuevo Ejecutivo, que justifica en estas «disfunciones» las reformas que afirma que emprenderá.