PP y Cs se sienten «perjudicados directos» para recurrir los indultos

Una vez consumada la ejecución de los indultos el contador de los recursos ante el Tribunal Supremo se puso en marcha. Durante los dos próximos meses se podrá impugnar ante la Sala Tercera (de lo Contencioso-Administrativo) los nueve decretos aprobados por el Consejo de Ministros que justifican la medida de gracia por cuestión de «utilidad pública», uno por cada condenado a penas de prisión en la sentencia del 'procés'.

Los principales partidos de la oposición, Partido Popular y Vox, además de Ciudadanos, ya han anunciado la presentación de recursos para revocar la extinción de las penas de cárcel a los líderes independentistas. El partido de Inés Arrimadas lo registrará hoy y Vox previsiblemente lo anunciará este jueves en una comparecencia de sus principales dirigentes frente al Supremo.

Sin embargo, la Sala Tercera deberá debatir en primer lugar sobre la legitimidad de las formaciones políticas para impugnar los indultos. Un terreno que carece de jurisprudencia y que le obligará a pronunciarse.

La Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en su artículo 19, exige la concurrencia de un derecho o interés legítimo para admitir el recurso. Mientras que este interés legítimo no hay duda de que concurre en el ofendido por el delito, como sucede claramente, por ejemplo, en el caso de la víctima y de sus familiares. Esto fue lo que ocurrió precisamente en el caso del polémico indulto del 'kamikaze' de Valencia, cuya concesión fue apelada por la familia y luego la Sala, dividida, lo anuló en 2013. Por lo tanto, es menos evidente la presencia de un ofendido cuando no es víctima o allegado.

En el ordenamiento jurídico no existe una «acción popular» en defensa de la legalidad en el ámbito contencioso-administrativo como sucede en el penal, salvo los casos en que así se prevé expresamente. En definitiva, los recursos de estos partidos alegarán que son «perjudicados directos» de los delitos del 'procés'. Y en este punto sus escritos deberán hilar muy fino para justificar que los ofendidos son los colectivos a los que representan, esto es, a sus afiliados, cuadros o directamente a los electores.

Precisamente, Arrimadas explicó que sus diputados resultaron perjudicados cuando las formaciones independentistas anularon sus funciones en el Parlament de Cataluña en septiembre de 2017. «Estábamos en el Parlament cuando se dio el golpe de Estado, cuando se saltaron todas las leyes. No se nos dejó intervenir ni ir al Consejo de Garantías Estatutarias, y fuimos en amparo al Tribunal Constitucional. Somos parte perjudicada directamente, no solo como catalanes constitucionalistas, sino como representantes de la ciudadanía de Cataluña que fueron anulados en sus funciones el 6 y el 7 de septiembre», detalló.

En esas fechas, la Cámara catalana aprobó la ley del referéndum y la de transitoriedad jurídica. Ambas normas sirvieron para convocar la consulta del 1 de octubre y proclamar la independencia, pese a las advertencias del Constitucional y de los letrados del Parlament ante la posible comisión de un delito de desobediencia. Mientras, la oposición exigía que se respetaran sus derechos.

La líder de Ciudadanos apuntó este miércoles, además, que su recurso recoge que «no hay arrepentimiento» por parte de los indultados por sus actos delictivos, que incluso «dicen que lo volverán a hacer» y que «no hay ningún tipo de utilidad pública» que justifique la medida de gracia.

En este contexto, indicó que, al negociar los Presupuestos Generales de 2021, los partidos independentistas ofrecieron su apoyo al Gobierno a cambio de «privilegios» para sus políticos encarcelados, mientras que Ciudadanos solicitaba ayudas directas para las empresas afectadas por la pandemia. Una cuestión, subrayó, que también afectó a los intereses de parte de los catalanes.

Por su parte, el Partido Popular esperará algún tiempo más para presentar su recurso, aunque su presidente Pablo Casado ya ha deslizado las circunstancia que justificaría su legitimación. Entre otras, aluden a un reciente informe de la Guardia Civil que le situaba como posible objetivo de los integrantes de los Comités de Defensa de la República (CDR) detenidos en septiembre de 2019 por orden de un juzgado de la Audiencia Nacional.

Casado considera que son «parte afectada» después de que se conociese que un miembro de estas células había realizado búsquedas en su móvil de políticos contrarios a la independencia. «Si los CDR son la continuación del 1-0, si son los que Torra alentó a seguir apretando y si estaban planeando atentar contra mí entonces somos parte perjudicada», aseveró.