El Gobierno busca 'arcas de noé'

El presidente del Gobierno mantuvo este domingo durante tres horas y media su cuarta conferencia telemática con los gobernantes autonómicos y, a diferencia de anteriores reuniones, se celebró en un clima de concordia y espíritu colaborativo, según reconocieron varios de los asistentes de diferente color político. Un cambio de ambiente motivado, sin duda, por la aparición de las primeras cifras alentadoras en el control de la pandemia. «El confinamiento está funcionando y empieza a dar sus frutos», apuntó «con toda la prudencia» el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Los números de este domingo, con ser malos, 674 fallecidos y 6.023 nuevos contagiados, la cifra más baja desde el 22 de marzo, fueron los mejores de la semana.

Sánchez explicó en la videoconferencia que en la relación de establecimientos para aislar a los infectados asintomáticos se incluyan hoteles, polideportivos, albergues y palacios de congresos susceptibles de ser utilizados con ese fin. Las 'arcas de noé' son un mecanismo «eficaz» para evitar la propagación de la enfermedad, de acuerdo con el criterio de epidemiólogos y otros expertos porque es difícil protegerse de los asintomáticos puesto que no se sabe quiénes son y ellos mismos tampoco son conscientes. Solo se tendrá conocimiento de esa particularidad una vez que se efectúe «un amplio cribado» de la población con los test de comprobación de la enfermedad.

Ahí radica en estos momentos el cuello de botella. Ahora se efectúan de 15.000 a 20.000 test diarios, insuficientes para hacer una radiografía de los 47 millones de españoles. Sánchez anunció a los presidentes que entre este domingo y este lunes se remitirán a las comunidades un millón de PCR (siglas en inglés de la reacción en cadena de la polimerasa) y que en los próximos días se repartirán otros cuatro millones. Las primeras pruebas masivas se harán en hospitales y residencias de ancianos, los principales focos infectivos. «La detección precoz es vital y ahora lo prioritario es aumentar la capacidad de hacer test rápidos. Hay que detectar a todos los contagiados para aislarlos», afirmó este domingo la directora del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, María José Sierra. «No descartamos hacerlos a toda la población», acotó Illa.

Efectuar pruebas a los asintomáticos supone, como ocurrió con el uso de las mascarillas, un cambio de criterio en el Gobierno. El portavoz del comité de gestión de la crisis, Fernando Simón, comentó el 6 de marzo que «tomar muestras a personas asintomáticas no tiene mucho sentido porque una muestra negativa de hoy no implica que mañana, si has estado ampliamente expuesto, no puedas desarrollar síntomas».

Los presidentes autonómicos pasaron por alto el golpe de timón y mostraron su disponibilidad a detallar las infraestructuras para transformarlas en 'arcas de noé', pero también trasladaron a Sánchez su pliego de quejas, sobre todo por la deficiente distribución del material sanitario. El catalán Quim Torra y la madrileña Isabel Díaz Ayuso fueron los que más elevaron el tono, según varios de los presentes. El presidente de la Generalitat reclamó la reversión de las competencias sanitarias, centralizadas desde la declaración del estado de alarma, y se quejó que los 50.000 test hechos en Cataluña se han realizado con recursos propios. También se preguntó por la utilidad de las conferencias de presidentes del domingo «si el sábado se anuncian las decisiones». Díaz Ayuso incidió en duros términos en que a Madrid no llegan los recursos económicos y sanitarios reclamados, pero al final apuntó que «España está haciendo buen papel en general» para frenar la pandemia.

El lehendakari Iñigo Urkullu planteó la necesidad de preparar «un plan de vuelta a la normalidad de forma escalonada». Un tono muy distinto al empleado esta semana con las críticas al decreto que restringió las actividades económicas no esenciales. Un cambio en el que algo habrá tenido que ver la conversación que mantuvo el pasado jueves con Sánchez. El gallego Alberto Núñez Feijóo puso el acento en reclamar los 2.500 millones de euros que exigen a Hacienda a cuenta de la recaudación del IVA en 2017, un litigio que viene de meses atrás. El castellano-leonés Alfonso Fernández Mañueco se sumó a esa demanda, como todos los gobernantes del PP, pero también alertó de que es evidente que el punto débil del plan de las 'arcas de noé' es la falta de test para detectar los contagios de COVID-19.