Sánchez y Casado reeditan su desencuentro sin pacto viable sobre las cuentas y el CGPJ

El CGPJ está pendiente de revisión desde que a finales de 2018 concluyó su mandato, y ya en julio su presidente, Carlos Lesmes, remitió una carta al Congreso en la que recordaba la situación. Dado que la renovación del órgano de gobierno de los jueces exige una mayoría de tres quintos de las Cámaras, el consenso entre PP y PSOE es indispensable. Los populares, sin embargo, que a principios de año mostraron sus reticencias a abordar este asunto y que vieron en el nombramiento de la exministra de Justicia Dolores Delgado como fiscal general un motivo de desconfianza, señalan ahora a Pablo Iglesias como principal razón para aparcar los contactos.

«He venido para arrimar el hombro –respondió Casado a las llamadas públicas de Sánchez a la unidad– y eso hay que hacerlo teniendo en cuenta dónde se está apoyando el otro hombro. Y si se apoya en un partido radical, como es el caso de Podemos, con los problemas de financiación irregular, de petición de la república y de blanqueamiento de Bildu, se hace más difícil».

Fuentes populares ya habían anticipado la dificultad de justificar ante el electorado propio cualquier acercamiento a un Gobierno en el que esté integrado Unidas Podemos. La de Iglesias, dijo Casado, no es una vicepresidencia «homologable a la de ningún país europeo en el siglo XXI», y atribuyó a Sánchez toda responsabilidad de su presencia en el Consejo de Ministros. «¿Que lo quiere quitar? –se preguntó– Pues bueno, ya sabe que el PP estará para los temas importantes de Estado». De esos temas, en todo caso, excluyó los Presupuestos, parte del «núcleo del plan de legislatura».

Para los populares era esta semana una prioridad intentar desprenderse de la imagen de bloqueo. Dirigentes del partido habían advertido de que tan importante es argumentar el rechazo a negociar las cuentas públicas, el CGPJ, el Tribunal Constitucional, RTVE y el Defensor del Pueblo como presentar alternativas. «Yo no soy el del no es no», comenzó Casado su intervención antes de abrir algunos espacios de consenso.

Vio opciones de acuerdo en el fortalecimiento del paraguas legal y jurídico que ampara a Gobierno y comunidades autónomas en la adopción de medidas restrictivas para frenar la propagación del virus. También en el terreno sanitario, en el que insistió en alcanzar un pacto de Estado. Pero la propuesta en la que más hincapié hizo fue en la creación de una Agencia Nacional para la Recuperación Económica.

Se trataría de un órgano independiente, dirigido por un experto sin adscripción política, encargado de gestionar el reparto de las ayudas europeas y prevenir la «discrecionalidad y el clientelismo» en la asignación de las mismas. Una forma, en definitiva, de desligar los fondos que lleguen de la UE del proyecto de Presupuestos.

Según trasladó Casado, Sánchez se abrió a estudiar la propuesta. Poco después, sin embargo, el Gobierno ofreció una visión bastante menos optimista.

La ministra de Hacienda y Portavoz redujo la propuesta a una cuestión meramente «instrumental». «Me parece ofensivo –replicó, además, María Jesús Montero–, que el señor Casado diga que eso se hace así para evitar los 'lobbies'». Tampoco contempló desvincular las ayudas europeas de las cuentas públicas.

La impresión de la Moncloa es que la cita fue «decepcionante». El Gobierno acusó a Casado de haber dado «la espalda» al diálogo, de haberse instalado en el «frentismo» y de no «cumplir la Constitución» al negarse a renovar el CGPJ. También calificó de «excusas» los recelos del PP respecto a Unidas Podemos y se preguntó si los populares marcan distancia para toda la legislatura. Atribuyó, además, la actitud de la formación conservadora a una falta de reconocimiento de la legitimidad del Ejecutivo.

Fuentes de la dirección del PP reprocharon, más tarde, el tono de la ministra de Hacienda y que Sánchez no acudiera a la cita con «un solo papel».