Reveses que auguran un negro futuro

Un tortuoso camino que tiene una meta declarada por todos los condenados del 'procés': el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Durante los cuatro meses de juicio, las defensas no ocultaron en ningún momento que todas y cada una de las protestas que planteaban iban con vistas a los recursos contra la sentencia contra los líderes independentistas ante la Corte de Estrasburgo.

Ese fallo todavía tardará bastante, probablemente años, porque antes debe agotarse la vía nacional con los recursos al Tribunal Constitucional, pero son pocos (o ninguno) los que en la magistratura apuestan a que España saldrá indemne de esos recursos que, en el última instancia, podrían obligar a la excarcelación de los condenados si todavía estuvieran en prisión.

Los antecedentes, desde luego, avalan ese pesimismo. Aunque ningún Gobierno europeo ha dado cancha al independentismo catalán, la justicia de la UE y los tribunales de tres países tan relevantes en Europa como Alemania, Reino Unido y Bélgica han dado severos reveses a la justicia española, sobre todo cuestionando en última instancia su credibilidad o solvencia.

Todo empezó al poco del referéndum, del 1-O cuando Puigdemont se refugió en Bélgica. La respuesta a la euroordeen fueron unas medidas cautelares muy laxas (nada de cárcel para evitar la huida) y el aviso velado de que la entrega podría ser solo por malversación, lo que hizo que en diciembre de 2017 el Supremo retirar la euroorden, sin que Bélgica siquiera hubiera entrado en el fondo del asunto. En mayor de 2018, los exconsejeros Toni Comín, Lluis Puig y Mertixell Serret lograron tumbar sus euroordenes en Bélgica por defectos de forma.

El verano del año pasado, Alemania abofeteó con contundencia a la justicia española que meses antes había celebrado la captura de Puigdemont en un país al que se le suponía menos veleidades judiciales que a Bélgica. Un simple tribunal regional germano, el de Schleswig-Holstein, decidió que solo se podía juzgar al expresidente por malversación. La sala incluso entró en el fondo para zanjar que en el 1-O no hubo la violencia suficiente para hablar de rebelión.

En el Reino Unido no han ido mejor las cosas. El pasado noviembre, la justicia escocesa rechazó tramitar la euroorden contra la exconsejera Clara Ponsatí al considerarla «desproporcionada». Solo los ágiles movimientos la diplomacia española en Londres salvaron los muebles, al conseguir que la justicia británica aclarara (o rectificara) su decisión inicial para asegura que, en realidad, necesitaba más información para decidir si inicia el proceso de entrega de la huida.

La prueba de fuego más cercana que podría confirmar la complicadísima deriva internacional en la que ha entrado la justicia española a cuenta del 'procés' será el próximo 3 de febrero. Ese día los tribunales belgas decidirán sobre la nueva euroorden dictada contra Carles Puigdemont, esta vez por sedición, una vez que el Supremo hizo pública la sentencia del 'procés'. Y los presagios no son nada halagüeños precisamente porque el juez de Bruselas decidió aplazar la vista a la espera de saber la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la inmunidad de Junqueras.

Las posibles explicaciones a esta complicada situación son tantas como fuentes judiciales hay en el Supremo: que si es por la falta de peso de España; que si el Gobierno ha dejado ganar la batalla del relato al independentismo; que si Europa ve la crisis catalana como una cuestión exclusivamente política... incluso que ha sido el propio Supremo el que se ha metido en este callejón por preguntar a Europa sobre la situación de Junqueras cuando no tenía ninguna obligación de hacerlo.