Libertad condicional para Puigdemont y sus exconsejeros huidos

«La petición realizada esta tarde por la oficina del fiscal de Bruselas para la libertad condicional de todas las personas requeridas ha sido otorgada por el juez de instrucción», indicó la oficina de la fiscalía en un comunicado. «Esta decisión no puede ser apelada», agregó la fiscalía.

No obstante, la primera decisión clave sobre la extradición llegará en 15 días en la Cámara del Consejo de la capital belga. Este tribunal tendrá que verificar que los delitos de los que están acusados en España ( rebelión, sedición, malversación de fondos, desobediencia a la autoridad y prevaricación) existen también en la legislación belga y que las penas se corresponden -la rebelión y la sedición no están tipificados de la misma manera-. Después, tendrían 15 días para un posible recurso ante la Corte de Apelación y finalmente un recurso final ante la Corte de Casación (aproximadamente otros 15 días).

El abogado de los exconsellers Toni Comín y Meritxell Serret, Gonzalo Boye, reconoció en La Sexta que «se podría llegar» hasta el Tribunal de Estrasburgo para denunciar el tratamiento distinto que se ha dado a los políticos catalanes que han declarado ante la Audiencia Nacional y a los que lo han hecho ante el Tribunal Supremo, aunque recordó que los trámites podrían demorarse hasta cuatro, cinco o seis años.

El juez belga valoró que el riesgo de fuga de Bélgica es mínimo, ya que la salida del país les supondría casi de manera automática el regreso a España por la euroorden de detención emitida, que en la mayor parte de las ocasiones implica una extradición casi automática en el caso de los 32 crímenes graves -sólo se pone en suspenso en casos de riesgo de vulneración de los derechos fundamentales de los acusados-.

El presidente de la Generalitat de Cataluña se había entregado voluntariamente con sus compañeros en una comisaría de Policía próxima al Palacio de Justicia de Bruselas. Según informó en una rueda de prensa el portavoz de la Fiscalía de Bruselas, Gilles Dejemeppe, acudieron a las 9.17 horas . El paso era previsible ya que siempre han mostrado su voluntad de "colaborar plenamente con la justicia belga", una justicia "de verdad", según afirmó Puigdemont, y no "extremadamente bárbara" como la española. De hecho, la voluntad de comparecer ante la Justicia de Bélgica ayudó a la decisión del juez, que debería llegar durante las 24 horas posteriores a la llegada a la comisaría. Según ha explicado el portavoz de la fiscalía, tenían tres opciones: rechazar gestionar la euroorden, aceptar tramitarla y mantener detenidos a los cinco políticos catalanes o, aun procesándola, dejarlos en libertad condicional.

"Hemos tenido contactos regulares con su abogados y se acordó una cita esta mañana en la comisaría de la Policía federal en la calle Royal. Han llegado los cinco acompañados por sus abogados y se les ha notificado que eran privados de libertad y el contenido de la euroorden", explicó Dejemeppe. Los cinco fueron trasladados después a la Fiscalía en furgón policial, según indicó el portavoz del Ministerio Público, que desconocía si iban esposados, aunque no lo descartaron.

En total, los cinco políticos catalanes permanecieron detenidos en dependencias judiciales belgas más de catorce horas. Los investigados pidieron expresamente que el procedimiento de instrucción se realizara en idioma neerlandés y no en francés, por lo que se necesitó un traductor durante las cinco horas de declaraciones.

La salida de los Puigdemont y sus exconsejeros huidos fue discreta y pudo hacerse en un furgón con los cristales tintados que abandonó el recinto al poco de conocerse la medida.

Después de darse a conocer la libertad vigilada, la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, celebró la decisión del juez belga a través de Twitter con un mensaje corto: «¡Justicia justa!».

La cuenta oficial de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) en Bruselas tuiteó con un vídeo del furgón en el que previsiblemente se marcharon: «¡En libertad y medidas cautelares! ¡Hoy duermene en casa! 'Buen viaje, president y consellers!». Por su parte, la cuenta genérica de ANC escribió: «Gran lección de justicia al sistema judicial español».

El hasta ahora portavoz adjunto de JxSí en el Parlament, Roger Torrent, (dirigente de ERC) ha escrito en la misma red social: «La diferencia entre la separación de poderes real y un sistema judicial politizado. Entre una democracia madura y un estado de derecho fallido». La secretaria general de ERC, Marta Rovira, enfatizó el mensaje: «Bueno, ahora ya podemos decir: lo veis como son presos políticos los que están en prisión por el mismo, ¿verdad?».

El juez debía dedicir, sobre todo, si les enviaba a prisión mientras se tramita la euroorden para su extradición a España, un proceso que podría demorarse dos o tres meses si se agotan todas las vías de recurso posibles. Si Puigdemont pretendía estar en Bruselas hasta el 21-D para hacer campaña desde allí es muy posible que lo consiga.

La expresidenta del grupo parlamentario de la CUP, Mireia Boya, aprovechó la oportunidad para recordar los encarcelamientos relacionados con la declaración unilateral de independencia: «La justicia belga acaba de confirmar que los de aquí son nueve presos políticos».

El juez de instrucción deberá decidir si hay alguna "causa de rechazo" para denegar la euroorden, como por ejemplo que los buscados fueran menores de edad o que haya riesgo para los Derechos Fundamentales. Si el juez concluye que las euroórdenes son ejecutables trasladará entonces el caso a la Cámara del Consejo (Tribunal de primera instancia) para que decida en un plazo de 15 días si se lleva a cabo o no la entrega de los cinco reclamados por las autoridades españolas.

Las partes podrán recurrir la decisión primero ante la Corte de Apelación, que tendrá también 15 días para pronunciarse, y, en última instancia, ante la Corte de Casación, que cuenta con el mismo plazo para tomar la decisión definitiva. La euroorden establece un plazo máximo de 60 días para resolver los procesos de extradición entre dos Estados miembros, un periodo que podría ser ampliado otros 30 días, hasta los 90, en casos excepcionales.

De forma paralela, el vicepresidente de la Generalitat cesado y líder de ERC, Oriol Junqueras, que permanece en la prisión de Estremera en Madrid, ha pedido este domingo la implicación de los catalanes porque desde el Estado "no podrán nada ante un pueblo unido". "No te limites a contemplar estas horas que ahora vienen. Baja y participa. No podrán nada ante un pueblo unido, alegre y combativo", ha publicado en su cuenta de Twitter, parafraseando al poeta Vicent Andrés Estellés.

Por su parte, el exconseller de Territorio Josep Rull, también la prisión de Estremera, ha dado las gracias por el apoyo recibido. "Cada imagen de movilización en Cataluña es una ola de esperanza para nosotros mientras estemos en prisión", ha asegurado en el último de una serie de tuits publicados en los últimos minutos por su entorno. "Es imposible presionar la voluntad democrática de un pueblo (...) No desfalleceremos. Nosotros somos vosotros", señala en los mensajes.

El conseller de Exteriores Relaciones Institucionales y Transparència de la Generalitat cesado, Raül Romeva, pidió perseverancia desde la cárcel : "No dejemos nunca de defender juntos las libertades". "Gracias a todas y todos. Estamos bien, nos llega y nos anima vuestra estima", ha añadido en un tuit recogido por Europa Press. Romeva es uno de los consellers del Govern cesado que entró en prisión tras declarar el jueves en la Audiencia Nacional.

Además de Junqueras y Rull, otros seis exconsejeros del Govern permenecen en prisión provisional sin fianza, una medida que ha sido criticada por la asociación Jueces para la Democracia (JdP), que ha cuestionado la interpretación "extensiva" del derecho penal de la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela. pues esta medida, recuerdan, es excepcional y debe estar suficientemente acreditada. "La regla general debe ser la de que las personas investigadas estén en libertad salvo que se justifique un fin constitucionalmente legítimo, como el riesgo de fuga, de reiteración delictiva y destrucción objetiva de pruebas durante la fase de instrucción", recuerda Jueces para la Democracia.