La juez ordena la búsqueda internacional de Puigdemont y cuatro exconsejeros

En sus autos, la juez acusa a los investigados de delitos de rebelión, sedición, malversación de caudales públicos, prevaricación y desobediencias.

El Ministerio Público expuso en un breve escrito que "constan reiterados intentos de entregar la citación en su domicilio, así como reiteradas llamadas telefónicas, a las que se ha hecho caso omiso" por parte de estos cinco investigados para los que pide la detención.

De Puigdemont, señala que "ha manifestado públicamente su intención de no comparecer y ha solicitado, como también lo han hecho Antoni Comín y Maritxell Serret, efectuar declaración por videoconferencia, sin ofrecer dato alguno sobre su paradero actual".

Un día antes, el abogado belga del expresidente, Paul Bekaert, dijo que la Justicia española emitió una orden de arresto europea contra su cliente y los cuatro exconsejeros que también están en Bélgica. Bekaert dijo a la televisión belga VRT que Puigdemont considera que "el clima no es bueno en la actualidad para testificar y es mejor tomar distancia". Agregó que, sin embargo, el cesado presidente catalán estaría dispuesto a trabajar con los tribunales españoles o belgas.

Por otra parte, la Fiscalía federal belga ha señalado que está a la expectativa y que "aplicará la ley" cuando les llegue la OEDE.

La decisión de la juez Lamela llegó después de que decretara este jueves el ingreso en prisión incondicional por riesgo de fuga, de destrucción de pruebas y de reiteración delictiva de ocho miembros del Govern, entre ellos el exvicepresidente Oriol Junqueras. Solo al exconsejero Santi Vila le impuso una fianza de 50.000 euros para salir de la cárcel que fue abonada el viernes y salió del centro penitenciario de Estremera (Madrid).

Una vez se libren esas órdenes europeas de detención y entrega, si Puigdemont y sus consejeros rebeldes se oponen a la entrega conseguirían permanecer en territorio belga mientras se tramitase su entrega a España, entre 70 y 100 días como máximo, acogiéndose a los plazos legales. Una estrategia procesal que conseguiría que dilatar el procedimiento, evitar su ingreso en prisión y ganar tiempo para su actual objetivo político: la internacionalización del proceso soberanista tras la aplicación del artículo 155.

Con esas premisas, Puigdemont eludiría por tanto su puesta a disposición de la Justicia española hasta después de las elecciones del próximo 21-D. A la espera de que se resuelva la entrega, sobre la que debe pronunciarse un tribunal belga, la Ley Orgánica 2/2003, de 14 de marzo (que desarrolla la decisión marco del Consejo europeo que regula las órdenes europeas de detención y entrega, de 13 de junio de 2002) estipula que cuando se haya emitido una euroorden España podrá solicitar, antes de que el país al que se reclama la entrega se haya pronunciado sobre la misma, «bien el traslado temporal a España de la persona reclamada para la práctica de diligencias penales o la celebración de la vista oral, o bien ser autorizada para trasladarse al Estado de ejecución con el fin de tomar declaración a dicha persona». En ese supuesto, a Puigdemont y sus exconsejeros, por tanto, se les podría tomar declaración en España, en cuyo caso regresarían a Bélgica mientras se tramitase la OEDE, o en territorio belga.

Cursada la OEDE instada por la Fiscalía, con vistas a su detención y entrega para «el ejercicio de acciones penales o para la ejecución de una pena o una medida de seguridad privativas de libertad», se pone en marcha el mecanismo regulado por la citada decisión marca, que fue desarrollada en nuestro país por la Ley Orgánica 2/2003 de 14 de marzo.

Una vez detenido por las autoridades belgas en cumplimiento de esa petición de cooperación judicial, el juez o tribunal belga competente al respecto informará al expresidente de la Generalitat de la existencia de la OEDE, decidiendo sobre su libertad «en cualquier momento», aunque tomando en cualquier caso las medidas oportunas «para evitar la fuga».

Si el expresidente accede a su entrega, la decisión definitiva de la Justicia belga debe tomarse «en el plazo de diez días», según el artículo 17 de la decisión marco. Pero si se opusiese, el plazo para pronunciarse se amplía a 60 días e, incluso, puede prolongarse otros 30 informando «inmediatamente» a las autoridades del estado reclamante (España en este caso). A esos plazos, no obstante, hay que sumarles otros diez días, el periodo máximo establecido para la efectiva entrega una vez adoptada «la decisión definitiva sobre la ejecución de la orden de detención europea». Es decir, en total, la tramitación puede alargarse entre 70 y 100 días.