Puigdemont declarará el 7 de diciembre en la Eurocámara sobre su entrega a España

Lo que se produjo este lunes fue el primer acto de un procedimiento marcado por la confidencialidad y que en circunstancias normales suele durar cuatro meses o más. El ponente, el búlgaro Angel Dzhambazki, eurodiputado del grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (del que forma parte Vox y también los nacionalistas flamencos de la N-VA, que han dado cobertura a Puigdemont en Bélgica), expuso los tres casos ante la comisión, formada por una veintena de diputados y presidida por Adrián Vázquez (Ciudadanos). La cita se desarrolló a puerta cerrada y duró varias horas.

La siguiente fase se ha fijado para el 7 de diciembre. Ese día se dará audiencia a los tres políticos catalanes. Dispondrán de 15 minutos para exponer personalmente sus argumentos, por separado y acompañados de sus asesores jurídicos. «El objetivo es que sea semipresencial», explicó Vázquez. De hecho se ha programado en ese formato puesto que las restricciones por seguridad sanitaria en la Eurocámara están establecidas (de momento) hasta el 30 de noviembre.

Después de esa audiencia se pasaría a otra fase de debate, sólo entre miembros de la Cámara, ya con un informe del ponente encima de la mesa. Y luego llegaría la votación, primero en esa comisión, y en su fase definitiva ya en un pleno en la Eurocámara. Y puede dilatarse aún más de lo habitual (esos cuatro meses) dependiendo de las teclas que pulse la defensa de Puigdemont, Comín y Ponsatí. Este lunes mismo, su abogado Gonzalo Boye enviaba a Bruselas información complementaria para apuntalar su defensa.

De entrada cargará sobre lo que interpreta como defectos de procedimiento. Y eso abarca desde restar validez al formato elegido (la videoconferencia), aunque obtuvo un informe favorable de los servicios jurídicos de la Eurocámara a principios de este mes. También, según confirmaron fuentes del proceso, se hará hincapié en la composición de esa comisión (con ocho eurodiputados españoles de Ciudadanos, PP, PSOE y Vox). Boye además argumentará contra el hecho de que solo haya un ponente para los tres casos cuando el reglamento establecería uno por cada expediente.

La defensa de Puigdemont, Comín y Ponsatí también pondrá el foco en que delitos por los que se solicita su entrega a España, como el de sedición, no están tipificados en varios Estados miembros (la propia Bélgica, Alemania o Francia). Y que el suplicatorio responde a una «persecución política» de España, que según su criterio pretende impedirles ejercer como eurodiputados.

Mientras, la vicepresidenta de Junts per Catalunya y diputada en el Parlament, Elsa Artadi, abrió la puerta a que Carles Puigdemont pueda ser el cabeza de lista de la formación a las elecciones del 14 de febrero basándose en lo que establecen las normas de las primarias. «El reglamento no asume nada de quién debe ser el número 1 en Barcelona», señaló en una rueda de prensa telemática en la que, sin embargo, no aclaró el papel que puede tener el expresident y líder de JxCat.