ERC supedita la investidura a que la Abogacía del Estado avale la excarcelación de Junqueras

El PSOE sigue sin dar nada por perdido y la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, dejó claro que no se resigna a enterrar la idea de que haya Gobierno antes de fin de año. «Deberíamos hacerlo viable», insistió tras varias horas de análisis sobre la situación en la Moncloa. Los plazos, aun así, parecen ajustados. Esquerra evitó dar nada por roto, sin embargo, su secretaria general adjunta, Marta Vilalta, advirtió a primera hora de la tarde de que su partido no volverá a sentarse en la mesa de negociación con los socialistas hasta saber «qué hará» la Abogacía del Estado ahora y qué es lo que opina el PSOE.

El Tribunal Supremo dio este jueves un plazo de cinco días hábiles a la Fiscalía, a los servicios jurídicos del Estado, a Vox y a la defensa de Junqueras (es decir, a las partes personadas en el juicio que se llevó a cabo contra el exvicepresidente de la Generalitat por su participación en el 1-O) para que se pronuncien sobre los efectos que debería tener la decisión del tribunal de Luxemburgo y planteen si el también líder de Esquerra debe o no salir de prisión ahora que ya ha sido condenado para tomar posesión de su escaño.

La Fiscalía presentó sus alegaciones de inmediato, en contra de la excarcelación, pero, en un comunicado que tardó en emitir siete horas, el Gobierno avisó de que la Abogacía no será tan rápida. «Está estudiando con el debido detenimiento la sentencia -subrayó- y presentará su escrito en los próximos días».

Si agotara el plazo dado por el Supremo, la negociación de la investidura no se desatascaría hasta enero, pero las palabras de Calvo apuntan en otro sentido. Lo que sí se contempla es que se deje pasar el Congreso que ERC celebra este sábado y en el que los republicanos también podrán tomar la temperatura a sus bases antes de dar un paso. Siempre que el 24 se haya cerrado el acuerdo, hay margen para convocar el pleno de investidura los días 27, 28 y 30 de diciembre.

El hecho de que Vilalta aludiera a la posición de la Abogacía y no a la de la Fiscalía es, en todo caso, una señal de que los republicanos tampoco quieren dinamitar nada. En febrero de este año, cuando se negociaban los Presupuestos, Esquerra exigía que el Ministerio Público, sobre el que el Gobierno no tiene potestad, retirara las acusaciones de sedición y rebelión contra los impulsores del 'procés'. Era un imposible y las conversaciones que se habían abierto saltaron por los aires.

Al contrario que la Fiscalía, en junio la Abogacía se mostró partidaria de que se dejara a Junqueras abandonar la cárcel para recoger el acta y viajar a Bruselas y de que se tramitara el suplicatorio en el Parlamento Europeo antes de emitir sentencia condenatoria. La número dos del Ejecutivo no quiso adelantar nada, pero sí lanzó mensajes destinados a apaciguar a los secesionistas. Aseguró así que su intención es pasar página de la gestión del Gobierno de Rajoy, al que el PSOE siempre acusó de ampararse en la justicia en lugar de ofrecer respuestas políticas al problema territorial. «Estamos administrando una situación de la que somos herederos respetando las sentencias del poder judicial -dijo- pero entendiendo que hay que entrar en otro momento político».

«Nosotros -insistió Calvo- queremos que la política ocupe el espacio que nunca debió abandonar, por tanto, no encontramos que haya nada disonante para seguir trabajando». Los socialistas mantienen pues su optimismo y su hoja de ruta para investir a Sánchez a cambio de una mesa de negociación sobre el futuro de Cataluña, aunque admiten que la gestión emocional de la decisión del TSJUE por parte de ERC y su temor a que Carles Puigdemont, su gran rival, pueda verse beneficiado introducen cierta incertidumbre.