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El debate sobre el 'pin parental' ha sido la chispa que ha terminado de provocar un incendio político que llevaba avivándose desde la investidura de Pedro Sánchez. Se trata de un supuesto mecanismo de control para que los padres puedan decidir la asistencia de sus ... hijos a las actividades complementarias -obligatorias dentro del horario escolar y evaluables- que formaba parte del programa electoral de Vox. El partido de Santiago Abascal la puso como condición la semana pasada para aprobar los presupuestos del Gobierno de PP y Ciudadanos en la Región de Murcia, donde ya se venía aplicando desde septiembre. Así saltó a la primera línea del choque ideológico que probablemente va a marcar esta legislatura y que ha situado por un lado al Ejecutivo de coalición de PSOE y Unidas Podemos, que ya han pedido al Gobierno murciano su retirada, y, por el otro, a Partido Popular y Vox, defensores de este veto paterno. En medio de todo, los menores.
La discusión sobre la idoneidad de la medida ha llamado la atención de expertos y pedagogos, que critican que la educación de los hijos se haya vuelto a convertir en campo de batalla político. «No se debería politizar la educación. Los profesores intentan informar y formar, esto es importante, formar ciudadanos para entender un mundo abierto, sin racismo, de dilemas, de nuevas tecnologías... En ese problema nadie entra. Pero en España está prohibido que los padres eduquen solos a sus hijos, la educación es compartida. Eso no quita para que se deba informar a los padres sobre la educación que reciben sus hijos», explica a este periódico el exdefensor del menor, Javier Urra.
El psicólogo apuesta por llegar a un pacto de estado para la educación con la participación de todas las fuerzas políticas, educadores y expertos. También advierte de que «estaría mal que algunas organizaciones aprovechen estas actividades complementarias para intentar inocular ideas muy discutibles a través de charlas».
En la medida propuesta por Vox será obligado el consentimiento expreso de los progenitores y concede a estos el poder de vetar actividades y temas que consideran «controvertidos», especialmente en cuestiones de sexualidad, violencia de género o derechos LGTBI. Con este mecanismo de control los padres deciden sobre las materias que reciben sus hijos por parte de personal externo al centro aunque la dirección del colegio las considere necesarias para la formación del alumno.
El Gobierno considera que el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones morales no puede estar por encima del derecho de los niños a recibir una educación que tenga como objeto «el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales», según dice el artículo 27 de la Constitución. Una situación que la ministra Isabel Celaá expuso el viernes pasado con torpeza al afirmar que «los hijos no son propiedad de los padres».
«Se comete el error de meter la palabra propiedad en este debate. Los niños son seres con dignidad y sujetos de derecho, no objetos de derecho. Así está recogido en la Carta de los Derechos del Niño de la ONU. Los padres tienen derecho a dirigir y orientar esa educación y esa formación, pero siempre teniendo en cuenta que dicha educación tiene que estar encaminada a la paz, la tolerancia, la igualdad, para garantizar el pleno desarrollo de los derechos humanos», afirma Catalina Perazzo, directora de Políticas de Infancia de Save the Children.
El juez de menores de Granada, Emilio Calatayud, también defiende que «los hijos no son propiedad de los padres pero éstos tienen la responsabilidad de velar por ellos. Y tampoco son del Estado, porque cuando hacen algo malo responden los padres por ellos».
Incluso el propio término se ha llevado al terreno de la discusión, 'pin parental', cuyo único significado era hasta ahora el de la contraseña con la que los adultos podían bloquear los canales de televisión. «Bloquear las clases como si fueran contenidos televisivos de pago demuestra la desconfianza por parte de los políticos respecto a los profesores. Es necesario un acuerdo, hace falta que los pedagogos y los educadores hagan sus propuestas, también los políticos y los padres. La educación debería ser, básicamente, introducir al sujeto al mundo», señala José Ramón Ubieto, profesor de Ciencias de la Educación en la Universitat Oberta de Catalunya. «El 'pin parental' tendrá poco éxito», augura de forma tajante.
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