La Fiscalía pide al juez Llarena que remita nuevas euroórdenes tras la negativa belga

La solución que plantearon los fiscales del Supremo Javier Zaragoza y Fidel Cadena al magistrado consiste en admitir el defecto formal de la euroorden -la ausencia en el procedimiento de una orden de detención nacional previa contra los exconsejeros Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig- y dictar nuevas peticiones dirigidas a Bélgica contra los tres procesados.

Los acusadores públicos creen que el error lo comete tanto la Cámara del Consejo de Bruselas que vio los expedientes como la Fiscalía belga, ya que han hecho una interpretación sesgada por su claro desconocimiento del procedimiento penal español, pero la única vía factible en este momento, en su opinión, es que las autoridades belgas vuelvan a examinar el caso con otra euroorden que subsane las carencias de origen.

La cuestión, en suma, es hacer de tripas corazón y olvidar de una vez que este mecanismo de entrega se basa en la confianza mutua entre los órganos judiciales de los Estados miembro.

No ya porque tanto la justicia alemana como la belga le hayan sacado los colores al juez Llarena o a la Fiscalía española en los casos de Carles Puigdemont y los tres exconsejeros, sino porque en el Supremo consideran que ha habido una «falta de compromiso» entre tribunales y en el caso belga, además, un desconocimiento de que el auto de procesamiento en la causa del 'procés' constituye título judicial suficiente para fundamentar la emisión de la orden europea de entrega de los fugados, que el miércoles fotografiaron la buena nueva en Bruselas entre cervezas y sonrisas junto a sus abogados.

Es decir, que los autos de procesamiento en los que fundamentó las órdenes de entrega Llarena satisfacen plenamente las exigencias previstas por la normativa europea y no tenía sentido exigir una orden de detención nacional.

En síntesis, el auto de procesamiento reúne la «doble cualidad» de un auto de prisión u orden de detención nacional previa a la orden de detención europea, según alegaron este jueves los fiscales, que confían en que el juez de un paso adelante y la justicia belga vuelve a revisar las euroórdenes, ya que hasta ahora no han resuelto sobre el fondo de la reclamación. Esto es, sobre la doble tipicidad en los países de los delitos de rebelión, malversación de caudales públicos y desobediencia por los que fueron procesados por el juez Llarena los exconsejeros huidos.

Visto el éxito del planteamiento de las defensas de los acusados, el abogado de Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, adelantó el miércoles la presentación de un escrito al tribunal alemán de Schleswig-Holstein en virtud de la resolución de la justicia belga. Pero el juez Llarena, consciente de los dos pescozones que se ha llevado hasta ahora, informó este jueves por carta a la Fiscalía del estado alemán de que la orden cursada contra el expresidente de la Generalitat reúne todos los requisitos legales previstos.

En todo caso, el instructor del Supremo explicó que el auto de procesamiento contra Puigdemont, que sustenta la orden librada el pasado 23 de marzo contra él, «es equiparable o superior a una orden de detención». Recordó, además, que este auto recogía los hechos y responsabilidades atribuidos al expresidente de la Generalitar una vez terminada la fase de investigación y se acordaba la medida cautelar de prisión que había sido adoptada al inicio de la misma. La próxima semana se esperan novedades sobre la decisión del tribunal alemán de no admitir su entrega por rebelión.