El Supremo acusa a la Justicia belga de falta de «compromiso con la colaboración judicial»

Serret y Puig están acusados de los delitos de desobediencia y malversación, mientras que Comín, además, lo está por el de rebelión. A la espera de que la Fiscalía explique qué es lo que ha pasado, lo cierto es que ha cambiado el criterio respecto a lo sucedido en la primera euroorden. Entonces, de los cinco delitos adscritos, avaló cuatro: rebelión, sedición, malversación y desobediencia. Dejó fuera la prevaricación.

Los exconsellers llegaron a la Cámara del Consejo de Bruselas acompañados de sus abogados y no hicieron declaraciones a los medios. A la entrada del Palacio de Justicia les esperaban para mostrarles su apoyo los eurodiputados independentistas catalanes de ERC Jordi Solé y Josep Maria Terricabras, así como el del PDeCAT Ramón Tremosa. Está previsto que los exconsellers o sus abogados atiendan a las 15.00 horas a la prensa para explicar más detalles del procedimiento.

Fuentes de la Sala de lo Penal del Supremo han reprochado hoy de manera no oficial al juez belga que ha rechazado la entrega de los exconsellers Comín, Serret y Puig su falta de compromiso con la obligada colaboración judicial con España.

Las fuentes de la Sala han informado de que están pendientes de recibir la resolución para estudiarla, pero han añadido que, por lo que se conoce hasta ahora por la prensa, consideran que la denegación de la entrega podría interpretarse como una ausencia de compromiso con prestar colaboración judicial.

Estas fuentes recuerdan que el 21 de marzo de 2018 se dictó un auto de procesamiento en donde se expresaban los hechos y los argumentos jurídicos por los que se les consideraba ya procesados, y por los que, a esa misma fecha ya, el instructor adoptada la medida cautelar de prisión. Sobre esa misma argumentación del auto de procesamiento, y a petición del ministerio fiscal, el día 23 de marzo se dictó un auto ordenando librar las órdenes europeas de detención, que tienen así una clara resolución de soporte (el auto de procesamiento).

Las mismas fuentes recuerdan que el soporte de la resolución jurídica que es ese auto de procesamiento  es el que nuestro ordenamiento jurídico contempla con más desarrollo argumental a excepción hecha de la sentencia. Solo el desconocimiento de nuestro ordenamiento jurídico, pese a la explicación dada como información suplementaria, permite obviar el auto de procesamiento en el que descansa la euroorden, han añadido estas fuentes.

La portavoz del PDeCAT, Maria Senserrich, ha celebrado este miércoles la decisión de la fiscalía belga de rechazar la entrega a España de los exconsellers y ha concluido que es «un revés a la injusticia española».

Lo ha dicho en un apunte en Twitter, donde el partido también ha expresado que con esta decisión «la fábula de Llarena se desmonta y la arbitrariedad y la falta de rigor de la justicia española es cada vez más evidente en Europa».

«Alegría por la decisión de la fiscalía belga, que ha rechazado la euroorden», concluyen desde el partido, al que pertenece uno de los tres consellers afectados, Puig, mientras que los otros dos son de ERC.

La vista para estudiar las órdenes de entrega se celebra hoy después de que el juez decidiese aplazarla el pasado 18 de abril a petición de la Fiscalía de Bruselas, que solicitó a las autoridades españolas más información para poder tratar las nuevas euroórdenes emitidas por el Tribunal Supremo. No precisó, sin embargo, qué datos requiere.

El 5 de diciembre, el magistrado del Supremo que se hizo cargo del caso, Pablo Llarena, retiró las euroórdenes contra los cinco políticos secesionistas huidos a Bélgica, y volvió a activarlas el pasado 24 de marzo.

El 26 de marzo la Fiscalía de Bruselas informó de que se habían puesto a disposición de la justicia belga Comín, Puig y Serret, los únicos que permanecen en Bélgica después de que el expresidente Carles Puigdemont y la exconsejera Clara Ponsatí dejasen el país y se encuentren, respectivamente, en Berlín y en Escocia.

El 5 de abril tras una primera comparecencia ante el juez belga los tres fueron puestos en libertad bajo medidas cautelares y el día 18 de abril el juez decidió aplazar la vista hasta este 16 de mayo por la petición de la Fiscalía.

Toni Comín está procesado por un delito de rebelión y otro de malversación de caudales públicos, mientras que sobre Puig y Serret pesan acusaciones de desobediencia y malversación de caudales públicos.

Según el procedimiento que rige las euroórdenes (que permiten la ejecución simplificada de mandatos de arresto de un país de la Unión Europea por parte de otro), una vez se celebre la audiencia sobre la petición de extradición ante el tribunal de primera instancia de Bruselas, el juez tendrá quince días para decidir si les extradita o no.

Contra esa decisión cabe recurso ante el Tribunal de Apelación y, después, ante la Corte de Casación, que tendrán ambos quince días para decidir.

El procedimiento de las euroórdenes establece que los países disponen de un total 60 días a partir de la detención de las personas buscadas para decidir sobre su entrega, plazo que puede ampliarse a 90 días en circunstancias excepcionales.