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Martes, 26 de abril 2022, 13:21
El Govern mantiene el pulso con el Gobierno central por el caso del espionaje a los dirigentes independentistas. El Ejecutivo catalán ha situado este martes las relaciones entre ambas administraciones al borde de la ruptura. En concreto, el consejo ejecutivo de la Generalitat ha acordado ... en la reunión de este martes «restringir al mínimo» todo contacto y relación con la administración central. Esta decisión implica que la mesa de diálogo para la búsqueda de una salida al conflicto catalán queda «congelada» sine die, según ha afirmado la portavoz del Gobierno catalán, Patricia Plaja. El Govern deja en suspenso las conversaciones sobre la cuestión catalana, pero insiste en reclamar una «conversación directa» entre Pedro Sánchez y Pere Aragonès. «Sánchez debe dar las explicaciones».
El Gobierno catalán mantiene el ultimátum de una semana que lanzó Pere Aragonès a Pedro Sánchez. El aviso sigue vigente. El plazo que la administración catalana da a la Moncloa coincide con el contacto que puedan tener Sánchez y Aragonès. Es ahí donde el Govern espera de que se le den las explicaciones requeridas. Las que ofreció el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en su reunión con la consejera de Presidencia, Laura Vilagrà, fueron insuficientes, según entienden en el independentismo y en la parte catalana emplazan al presidente del Gobierno a que dé las «explicaciones válidas».
'Caso Pegasus'
La Generalitat insiste además en reclamar dimisiones. «Queremos saber qué ha pasado, quién ha ordenado el espionaje y quién lo ha permitido», según Plaja. La congelación de las relaciones se mantendrá, por parte del Govern, hasta que hablen Sánchez y Aragonès. Si las explicaciones del presidente del Gobierno no convencen al jefe del Ejecutivo catalán, en la administración catalana avisan que pasarán a otro escenario, pero no lo concretan. Y no descartan la ruptura completa. «Este caso no se puede cerrar en falso», advierten al Gobierno. En la administración catalana creen que el Ejecutivo se ha empezado a tomar en serio el caso tarde y también consideran que la Moncloa confiaba en reconducir la situación con la reunión entre Bolaños y Vilagrà. Pero no lo consiguió.
El Ejecutivo catalán también ha aprobado impulsar «las acciones legales necesarias» y ha encargado al gabinete jurídico de la Generalitat estudiar y proponer actuaciones procedentes legalmente ante las instancias policiales y judiciales correspondientes.
Y reclama al Gobierno que desclasifique todos los documentos sobre el caso, en particular el contrato del CNI con la firma israelí NSO para la adquisición del programa Pegasus.
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