El ciberespionaje «fue extenso, indiscriminado e imprudente», según Citizen Lab

La gravedad del caso, añade el informe conocido la semana pasada, obliga «claramente» a una investigación oficial para determinar la parte responsable –se sabe que el programa lo compró el CNI–, «cómo se autorizó el hackeo de los móviles, qué marco legal regía y qué control judicial se aplicó, la verdadera escala de la operación, los usos que se le dio al material y cómo se manejaron los datos pirateados, incluido a quién se proporcionó esta información».

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Mateo Balín

Según el centro, el caso es notable debido a la naturaleza «desenfrenada» de las actividades de ciberespionaje, que ha afectado al mayor número de personas (al menos 65) de cuantas investigaciones ha realizado antes el instituto dirigido por el politólogo Ron Deibert. «Si el Gobierno español es responsable de este caso plantea preguntas urgentes sobre si existe una supervisión adecuada sobre las agencias de inteligencia y seguridad del país, así como si existe un marco legal sólido que las autoridades deben seguir para emprender cualquier actividad de piratería». 

Formalmente, las operaciones de las agencias de seguridad de España (CNI) son supervisadas por un juez del Supremo. Sin embargo, concluye el informe, «es difícil concebir cómo un mecanismo de supervisión que funcione correctamente permitió el ciberespionaje extenso e indiscriminado y, en algunos casos, imprudente» de numerosos cargos catalanes.