El Gobierno tranquiliza a PNV y ERC por pactar con Ciudadanos la prórroga

El primer punto del acuerdo con Ciudadanos, conocido este martes a primera hora, recoge que «las medidas» que regulan la última fase del estado de alarma serán «idénticas para toda España en la recta final del confinamiento». Una redacción que despertó la preocupación de los nacionalistas vascos y los independentistas catalanes, avivada más si cabe por las palabras del portavoz de los liberales, Edmundo Bal, quien se jactó de que su grupo «estaba haciendo algo bien» al poner «nerviosos» al PNV y ERC. Bal explicó que su pacto con el Gobierno busca acabar con «los privilegios» o dar «una ventaja injusta» a las comunidades gobernadas por los nacionalistas en pago al apoyo a Pedro Sánchez.

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, calificó el texto de «confuso» y «contradictorio» con los acuerdos que firmó el Gobierno el pasado sábado con su partido y Esquerra. Desde la Moncloa garantizaron que la igualdad se refería a que los presidentes autonómicos cuyos territorios se encuentren en fase 3 tendrán «el control absoluto» de la desescalada y decidirán, sin consultar al Gobierno central, las medidas que crean oportunas.

La misma explicación se trasladó a Esquerra. Los republicanos habían advertido que si el acuerdo con Ciudadanos daba pie a una colaboración estable «se acaba la legislatura», en lo que a su apoyo parlamentario se refiere. Por eso, confiaron en que el acuerdo con los liberales sea «puro tacticismo» de los socialistas.

Las explicaciones gubernamentales surtieron efecto porque tanto el PNV como ERC señalaron horas después que mantenían su voto a favor, el primero, y la abstención, el segundo. Pero las suspicacias siguen ahí, y no sería de extrañar que en el debate de mañana en el Congreso, el nacionalista Aitor Esteban, y el republicano Gabriel Rufián, adviertan a Sánchez de que juega con fuego.

La portavoz gubernamental se adelantó a los previsibles avisos y subrayó que el PNV y ERC son socios «prioritarios», con los que tienen acuerdos «estables», y que la mayoría que facilitó la investidura de Sánchez en enero es la «preferente». Lo que no obsta, añadió, para que los acuerdos con ellos sean «compatibles» con el alcanzado con Ciudadanos.

María Jesús Montero apuntó que las alianzas estratégicas con los aliados de la investidura no obligan al Gobierno a cerrar la puerta a otros apoyos. «Esta es la nueva política» cuando no hay mayorías absolutas y Sánchez, subrayó, debe recurrir a «la geometría variable» para desarrollar su proyecto político. El Gobierno señaló la ministra, tiene «vocación» de ampliar su mayoría, y ahí entra en juego Ciudadanos.

Esta situación, aventuró Montero, se reproducirá con los Presupuestos, en los que el Gobierno confía en contar con la mayoría de la investidura y otras fuerzas políticas. «Ojalá», remató.

Pero el debate no va a acabar aquí. El nacionalismo se considera incompatible con una fuerza, como Ciudadanos, que tiene una de sus razones de ser en el antinacionalismo que tiene como caballo de batalla la liquidación de las singularidades territoriales de Euskadi y Cataluña. «Para nosotros es muy difícil compartir acuerdos con alguien que niega nuestra propia existencia», avisó ayer Ortuzar en Telecinco.

Con el que el Gobierno no va a negociar esta vez es con EH Bildu porque, dijo Montero, ya tiene «los apoyos necesarios» para aprobar la prórroga. Lo que probaría que el acuerdo para derogar la reforma laboral alcanzado en la anterior ampliación fue un brindis al sol del PSOE para salir de una posición apurada.