Calvo niega haber apartado a la Abogacía de la causa contable contra los independentistas

La número dos del Ejecutivo alegó en RNE que en 2018 fue el propio tribunal el que advirtió a los servicios jurídicos del Estado de que no podían presentar demanda en una causa abierta, por motivos similares, contra el expresidente Artur Mas, dado que no era la Admnistración General del Estado sino la Generalitat la que podría considerarse parte afectada por la supuesta malversación.

En esta ocasión, el Gobierno no ha esperado a que el órgano fiscalizador se pronuncie y ha optado por apartarse voluntariamente de la causa una vez fijadas las fianzas de 5,2 millones y finalizado el proceso de instrucción, durante el que, junto a la Fiscalía, sí puso de manifiesto que encontraba indicios de responsabilidad contable en algunos de los hechos en el proyecto de informe de fiscalización. En octubre, comenzará la fase judicial.

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El paso que el Ejecutivo reviste de decisión meramente técnica resulta aun así controvertido porque llega después de que los independentistas hayan conminado a acabar con lo que califican de «persecución» o «represión económica» destinada a lograr su «muerte civil» y, sobre todo, después de que el ministro de Transportes y secretario de Organización, José Luis Ábalos, reconociera el viernes que la acción del Tribunal de Cuentas era una «piedra en el camino» del diálogo con la Generalitat.

El Gobierno catalán, que también llevaba personado en la causa tres años, ya ha dejado claro que no se considera añada por la actividad de los acusados y, por lo tanto, tampoco presentará demanda. Queda por ver, por tanto, qué hará la Fiscalía. En todo caso, quien sí seguirá adelante es Societat Civil Catalana Abogados Catalanes por la Constitución y Asociación Cívica y Cultural.