El Tribunal de Cuentas mantiene la fianza millonaria a los soberanistas

Después de que varios ministros, como el de Transportes, José Luis Ábalos, o la de Igualdad, Irene Montero, calificaran la resolución del ente como «piedras en el camino» del diálogo con Cataluña, la polémica siguió este miércoles su recorrido dentro del hemiciclo. PP, Vox y Ciudadanos manifestaron con dureza sus sospechas de que el Ejecutivo busca cambiar el sistema de mayorías para renovar a sus vocales, cuyo mandato caduca el próximo 23 de julio. En esa fecha, si no hay acuerdo, el ente fiscalizador se unirá a otros órganos constitucionales en funciones como el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional o el Defensor del Pueblo.

El líder de los populares, Pablo Casado, ya tiene incluso pensadas las medidas que tomará su partido si esto llega a ocurrir y anunció que recurrirá la decisión en el Tribunal Constitucional y en la Unión Europea, como ya hizo cuando el Gobierno trató de rebajar la mayoría parlamentaria necesaria para elegir a los vocales del Poder Judicial. «Ahora pretende indultar también cinco millones de euros malversados por los golpistas», acusó al presidente.

Sánchez contraatacó en su réplica responsabilizando al PP de bloquear la renovación de los órganos constitucionales y les advirtió de que si «siguen con el bloqueo también en el Tribunal de Cuentas se podría inferir que Casado preside un partido que incumple la Constitución todos los días».

Si la hoguera ya ardía, el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, echó más leña al fuego desafiando al Gobierno a «parar» la decisión del ente. En su opinión, el Tribunal de Cuentas «no es Poder Judicial», sino una institución «gobernada por cargos del Partido Popular».

Vox, por su parte, cree que el órgano fiscalizador «debe demostrar su valía» para superar las «presiones». Su presidente, Santiago Abascal, llegó incluso a especular con la posibilidad de «sentar a Sánchez en el banquillo» si continúa con lo que denominaron una «amnistía encubierta» a los condenados por el 'procés'. Crítica compartida por la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que afeó al Gobierno un supuesto interés por que estos «no paguen la multa».

El Tribunal de Cuentas, por su parte, rechazó este miércoles las alegaciones de los 34 investigados, mientras resuelve la investigación por el presunto uso irregular de fondos para las denominadas 'embajadas' catalanas y para el Consell de la Diplomàcia Pública de Catalunya.

En un principio eran un total de 41 los dirigentes independentistas investigados por esta causa. Finalmente, los encausados son 34. Han quedado excluidos del caso, entre otros, Jordi Turull, exconsejero de Presidencia y Neus Munté, también exconsejera de la Generalitat. Permanecen investigados los expresidentes Artur Mas y Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras y los exconsejeros Andreu Mas-Colell y Raül Romeva. Todos los demás son exaltos cargos del Govern entre 2011 y 2017.

La Abogacía del Estado no ha presentado alegaciones, después de que los grupos independentistas hayan redoblado su presión al Gobierno durante los últimos días.