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Fernando Grande-Marlaska se volcó este miércoles en el Congreso en tratar de apaciguar el incendio desatado en la Guardia Civil a raíz de la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos el pasado 24 de mayo por negarse a informa al Gobierno sobre ... las investigaciones sobre el 8-M y la transmisión del virus.
Un cisma entre el instituto armado y el Ejecutivo que se ha agrandado en los últimos días hasta límites desconocidos con varias intervenciones polémicas de miembros del Gobierno, empezando por la de Pedro Sánchez diciendo que «me gustaría que los informes de la Guardia Civil se elaboraran con garantías y confidencialidad»; siguiendo con las palabras del vicepresidente Pablo Iglesias desde los atriles de Moncloa defendiendo la desmilitarización del instituto armado para ampliar sus derechos laborales y sindicales; y acabando con las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, apuntando a que en las fuerzas de seguridad del Estado hay sectores que asumen «como propio el discurso que invita al golpe de estado».
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Menos de 24 horas después de que el líder de Podemos sacara el asunto de la «desmilitarización» que tanto molesta en una cúpula ya muy dolida con el Gobierno de Pedro Sánchez desde la decapitación de De Los Cobos, Grande-Marlaska quiso hacer una declaración rotunda desde el hemiciclo para tratar de calmar las revueltas aguas: «El Gobierno no discute la naturaleza militar de la Guardia Civil». O lo que es lo mismo: profundizar en la reforma de la Ley Orgánica 11/2007 reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil para ampliar las libertades de los agentes no es «obstáculo» para que el instituto siga siendo una institución de carácter militar.
El titular de Interior, después de que el caso Pérez de los Cobos haya provocado la mayor crisis institucional en el cuerpo desde la época de Luis Roldán, también quiso quitar hierro a sus graves insinuaciones contra el coronel. Tras asegurar al principio que la salida del mando era por una simple «pérdida de confianza» y luego por una remodelación de equipos y después de que se conociera un documento confidencial de Interior en el que se confirmaba que el cese se había debido por no informar al Ejecutivo sobre la investigación sobre el 8-M, Grande-Marlaska en su última versión relacionó el cese del exjefe de la Comandancia de Madrid con la filtración a la prensa del primero de los informes remitidos por el cuerpo a la titular del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel.
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Y cuando este miércoles, la diputada de Vox Macarena Olona le acusó de «odiar profundamente a la Guardia Civil» desde hace 20 años (por un episodio ocurrido en Bilbao que no desveló), de «mentir de manera miserable» y de «calumniar» el nombre de Pérez de los Cobos sin «pruebas», el ministro marcó distancias con esas acusaciones. Dijo que nunca hizo una «imputación de un hecho criminal» al coronel y se limitó a constatar que la filtración debe «investigarse» por ser un «hecho muy grave» que atenta contra la «presunción de inocencia» y «alenta los juicio paralelos».
Grande-Marlaska, en ese intento de tratar al menos de no caldear más los ánimos en las fuerzas de seguridad del Esado, no entró ni siquiera al trapo que le ofreció JxCat para hablar de la 'policía patriótica', esa camarilla policial nacida en el seno de Interior en la época del ministro popular Jorge Fernández y cuya desmantelación, sostiene el propio Pedro Sánchez, es el motivo por el que la oposición ataca a Grande-Marlaska. «Desde junio de 2018, el ministerio está trabajando en la modernización de las políticas de seguridad y la recuperación del prestigio del conjunto del ministerio con equipos guiados por su compromiso con el estado de derecho», se limitó a sacudirse la pregunta.
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