El Gobierno salva el decreto de la Justicia gracias a los apoyos de PNV y ERC

En estos nuevos tiempos para Ciudadanos, Inés Arrimadas justificó esta mañana que su partido debatirá cada asunto que se tramite en la Cámara Baja, pero que en este caso «el Gobierno no ha accedido a cambiar una serie de cuestiones que eran importantes» para ellos, por lo que no respaldó el plan temporal para reactivar la actividad judicial.

El portavoz de los naranjas en el Congreso, Edmundo Bal, fue especialmente crítico con la negociación del ministro, al que acusó de querer amedrentar a los funcionarios con un plan a todas luces «insuficiente». El diputado explicó que su formación venía a hacer «política útil» en el Parlamento, de «mano tendida para exigir consenso y responsabilidad pero en ningún caso secundar decisiones unilaterales».

Los portavoces de Justicia de PNV y ERC, por su parte, fueron más pragmáticos y apoyaron el real decreto porque las circunstancias actuales lo requiere, aunque exigieron más compromisos efectivos al Ejecutivo en el plazo de tramitación de la medida como proyecto de ley.

Otro grupo que se mantuvo en el «no» al Gobierno fue Junts per Catalunya. Su portavoz Jaume Alonso-Cuevillas, a la sazón abogado de Carles Puigdemont, consideró el proyecto como «un brindis al sol sin ninguna eficacia práctica»-, mientras que la CUP, PP y VOX reiteraron su rechazo con similares argumentos a los que ya dieron en la Comisión de Justicia.

A estos partidos se sumó la mayoritaria oposición de agentes jurídicos como los abogados, a través de sus respectivos colegios, o los procuradores. La razón es que el plan de choque incluye la habilitación laboral del periodo que va del 11 al 31 de agosto para mitigar la suspensión de la actividad judicial ordinaria desde el pasado 14 de marzo, con la entrada en vigor del estado de alarma. Uno de los motivos alegados también por Ciudadanos para su rechazo.

Esta misma semana tanto el Consejo General de la Abogacía Española como el Consejo General de Procuradores de España aplaudieron el anuncio del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el que instaban a los jueces y magistrados a concentrar en el mes de agosto sus vacaciones. Un claro gesto contra esta propuesta concreta del Ministerio de Justicia.

El real decreto-ley para evitar el colapso de los juzgados tras el cese del estado de alarma fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 28 de abril. La propuesta desarrolla un amplio paquete de medidas para reactivar la actividad de estos órganos a la vez que trata de asegurar la salud de trabajadores y justiciables por la pandemia de la Covid-19.

El plan incluye aportaciones de la Fiscalía, del propio CGPJ o del Consejo General de la Abogacía Española, que ha tenido que hilar muy fino por el malestar de los abogados. Destacan los juicios telemáticos, el refuerzo de la tramitación digital, de los juzgados especializados en aquellas jurisdicciones más afectadas por las consecuencias de la crisis sanitaria y se habilitarán las jornadas vespertinas. Los 178 votos a favor hoy del real decreto, que contó con 161 'noes' y 10 abstenciones, permitirán poner en marcha estas medidas.