Esquerra y Ciudadanos, a punto de llegar a las manos en la Cámara catalana

La jornada ya se presentaba intensa, pero acabó de explotar en medio de las votaciones de las conclusiones del debate de política general. En ese momento, se conoció la noticia de que el juez había decretado prisión incondicional. La CUP intentó suspender la votación en apoyo a los arrestados, que calificó de «presos políticos». El presidente del Parlament, Roger Torrent, aclaró a los cuperos que la votación no podía suspenderse y los anticapitalistas decidieron abandonar el pleno. Quedaba poco para que finalizaran las votaciones.

A su término, las bancadas del Gobierno catalán, de JxCat y ERC se levantaron al grito de «libertad, libertad». El portavoz de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, pidió la palabra, para mostrar su «pena» y «vergüenza» porque desde el independentismo se estuviera «jaleando a presuntos terroristas». «Me siento amenazado por todos los que amparan el terrorismo», dijo Carrizosa, quien fue expulsado por Torrent. Cuando bajaba las escaleras, se le acercó Ernest Maragall, con quien tuvo un duro enfrentamiento, cara a cara, y ambos apuntándose con el dedo índice.

Tras el pleno, Torrent convocó una reunión de la junta de portavoces, en la que se esperaba que la mayoría secesionista acordara un texto de apoyo a los detenidos y de rechazo contra los encarcelamientos. Para la CUP, este jueves comenzaba la respuesta de los soberanistas a la sentencia (aún desconocida) del Supremo contra los líderes del 'procés'. Ciudadanos por su parte se preguntó si Pedro Sánchez está esperando a que muera alguien para aplicar el 155.

Fue el colofón a un debate de política general muy crispado. Arrancó el miércoles con un tono elevado y concluyó este jueves con las votaciones más atropelladas que se recuerda. El independentismo aprovechó para seguir con su pulso al Estado. Tres días después de que agentes de la Benémerita detuvieran en diferentes localidades de Cataluña a nueve activistas de los CDR acusados de preparar atentados con explosivos, el Parlamento autonómico, con los votos de JxCat, ERC y la CUP y la abstención de los comunes, aprobó una resolución que pide la «retirada» de la Guardia Civil del territorio catalán.

Un viejo sueño del nacionalismo catalán, que se ha escenificado estos últimos días en las manifestaciones que se han celebrado en diversas poblaciones catalanas para protestar contra las detenciones y en las que se han escuchado gritos como «pim pam, pum, que no quede ni uno» que hacía tiempo que no se oían o «fuera, las fuerzas de ocupación». «Se ha mostrado abiertamente como una policía de carácter político que está centrada en perseguir a determinados colectivos políticos y sociales, y completamente redundante a la hora de garantizar la seguridad de la ciudadanía», según el texto que aprobaron los independentistas.

Días después, el independentismo sigue sin desmarcarse de los detenidos e insiste en que se trata de un montaje para criminalizar al movimiento soberanista. Los diputados secesionistas escenificaron este jueves un apoyo cerrado a los detenidos. La Cámara catalana, con los votos de los tres grupos secesionistas, rechazó además una resolución de Ciudadanos que pedía la condena del terrorismo.

A pocos días para se conozca la sentencia del Supremo contra los líderes del 'procés', el independentismo elevó el tono y se reafirmó en la voluntad de buscar la confrontación contra el Estado. Los secesionistas avalaron la vía de la desobediencia civil y apostaron por trabajar para conseguir la amnistía de los presos soberanistas si son condenados en la sentencia del juicio del 1-O. Además, se conjuraron para «liderar una respuesta institucional a la sentencia basada en el ejercicio del derecho de la autodeterminación».

El Gobierno anunció por la noche que está «estudiando el contenido» de las iniciativas aprobadas este jueves en el Parlament de Cataluña «para impugnar y actuar jurídicamente contra las citadas resoluciones». En un comunicado, Moncloa advirtió de que estudia ya todos los acuerdos aprobados por la cámara catalana para impugnarlos.

«Ante las resoluciones aprobadas esta tarde por el Parlament de Cataluña, referidas al compromiso de la Cámara catalana a liderar una respuesta institucional a la sentencia del 1-O; la que insta a impulsar un acuerdo nacional por la amnistía, la autodeterminación y los derechos civiles y políticos con petición de amnistía total, así como la que pide la salida de la Guardia Civil de Cataluña, queremos trasladar que el Gobierno está estudiando su contenido para impugnar y actuar jurídicamente contra las citadas resoluciones».