El juez acusa a los siete CDR encarcelados de integrar un «grupo terrorista»

El magistrado entiende que en el presente caso concurren los requisitos para acordar la prisión: gravedad de las penas que conllevan los delitos que se les imputan -pertenencia a organización terrorista, fabricación y tenencia de explosivos y conspiración para causar estragos-, la capacidad de destruir pruebas que tendrían los detenidos en caso de estar en libertad, la posible sustracción a la acción de la Justicia o la reiteración delictiva.

En los autos de prisión, el juez individualiza las acciones concretas que atribuye a cada uno de los investigados, así como su función dentro de la organización. Afirma que el ERT tiene capacidad suficiente «como para llevar a cabo tácticas y maniobras con un alto nivel de profesionalización» y añade que los investigadores «fueron testigo el 15 de septiembre de 2018 de una maniobra orquestada que se gestó en la máxima clandestinidad. En la citada estrategia se planteaba el encuentro con una persona que por la reacción de los integrantes al conocer su identidad debía tener un componente peligroso». Fuentes jurídicas señalaron que esta persona es un histórico exdirigente de Terra Lliure (organización terrorista de carácter indepedentista que se considera disuelta).

Los siete encarcelados comparecieron este jueves durante casi cuatro horas, después de que dos de ellos admitieran ante la Guardia Civil haber comprado y hecho pruebas para la fabricación de artefactos para «meter ruido» el próximo 1 de octubre, según señalaron fuentes policiales.

Los encarcelados son Eduard Garzón, Xavier Buigas, David Budria, Jordi Ros, Xavier Duch, Ferran Solis y Alexis Codina. Todos conocidos miembros de colectivos independentistas catalanes.

El teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, explicó en una nota que su acusación de «integración en grupo u organización criminal de naturaleza terrorista» se produce porque los acusados, con esos planes delictivos, tenían «la finalidad de subvertir el orden constitucional y alterar gravemente la paz pública».

Los servicios de Información de la Guardia Civil encontraron en los teléfonos móviles de algunos de los presos vídeos y fotografías que demostrarían sus intenciones. Además, en esos mismos dispositivos hallaron imágenes de comisarías de la policía autonómica supuestamente grabadas por ellos. La gran mayoría del material se refiere a instalaciones de la provincia de Barcelona.

Los detenidos en la 'operación Judas' tenían en su poder igualmente información de edificios públicos, entre ellos el del cuartel de la Guardia Civil de la localidad barcelonesa de Canovelles, además de datos sobre «infraestructuras críticas» y planes para cupar el Parlament y declarar desde allí la república.

En poder de los arrestados, sobre todo en un domicilio de Sabadell, se encontró una pistola de fogueo y diverso material susceptible de ser usado para fabricar explosivos como nitrato de amonio, ácido sulfúrico, parafina, aluminio en polvo, decapante industrial y gasolina, amén de termita, una composición pirotécnica. También manuales para fabricar explosivos como Goma-2.