El rey emérito acusa a la Fiscalía de vulnerar su presunción de inocencia

La Fiscalía General del Estado aclaró, sin embargo, que no se está «ante una petición de procesamiento o conclusiones del fiscal» y que el documento enviado a Suiza responde unicamente a una petición de información a las autoridades del país. Serán éstas las que ahora deban «confirmar o descartar» los «indicios de criminalidad» contra el rey emérito. De confirmarse la procedencia ilícita de su fortuna, el Ministerio Público presentaría una querella contra el anterior jefe del Estado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la única que puede investigarle por su condición de aforado.

En el escrito remitido a Suiza el pasado 24 de febrero, el teniente fiscal del Supremo, Juan Ignacio Campo, plasmaba sus sospechas sobre el rey emérito y el posible origen fraudulento de su patrimonio. Apuntaba concretamente al padre de Felipe VI como perceptor de «comisiones y otras prestaciones de similar carácter en virtud de su intermediación en negocios empresariales internacionales». También se hablaba de «elementos indiciarios» de que los fondos millonarios de los que Juan Carlos de Borbón disfrutó años después de su abdicación procedentes de la fundación Zagatka –constituida por su primo lejano Álvaro De Orleans–, podían proceder de las citadas comisiones por intervenir en operaciones internacionales.

El fiscal se refería al presunto cobro de comisiones ilegales por las obras del AVE a la Meca construido por un consorcio de empresas españolas por el que está siendo investigado el rey emérito desde 2018 y por el que la Fiscalía ha solicitado también información al reino de Arabia Saudí. De estar en lo cierto en el Ministerio Público, don Juan Carlos podría haber cometido al menos cuatro delitos: contra la Hacienda pública, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales.

Unas afirmaciones «graves», pero «sin apoyatura alguna» y «carentes de la más mínima justificación», según se defendió el rey emérito a través de su abogado Javier Sánchez Junco. En un comunicado, el letrado quiso recalcar que esa solicitud de ayuda judicial internacional en ningún caso es pública y «salvo las autoridades destinatarias de la misma, únicamente –especificó– debería estar en conocimiento de la Fiscalía, cuyas actuaciones son reservadas, sin que conste hayan sido comunicadas a parte alguna».

El departamento que dirige la exministra de Justicia, Dolores Delgado, salió al paso de las filtraciones rebajando el sentido acusatorio del informe de Campo. Explicó que en estos últimos años la Fiscalía del Supremo ha enviado «diferentes solicitudes» a las autoridades de Suiza y otros países para recabar la información necesaria para avanzar en las investigaciones sobre el emérito. Pero, en ningún caso, remarcó, ha concluido que Juan Carlos I sea un comisionista internacional, ya que serán las autoridades suizas las que con su información deban confirmar los «indicios de criminalidad».

En una nota, el Ministerio Público puntualizó que no se está en el momento de «petición de procesamiento o conclusiones del fiscal», sino que se alude a dichos posibles indicios como explicación dada a las autoridades del país helvético para que aportaran la información reclamada sobre la fundación Zagatka, en la que se vuelcan las tres líneas de investigación que tiene abiertas alrededor del anterior jefe del Estado. «Es preciso recordar que la solicitud de cualquier asistencia judicial internacional exige necesariamente detallar todos aquellos indicios de criminalidad disponibles por la autoridad requirente, acompañados de una inicial y provisional calificación jurídica de los hechos sobre los que se fundamenta la petición», explicó.

Desde el órgano dirigido por Delgado se hizo hincapie además en el compromiso de la Fiscalía en llevar las investigaciones abiertas contra Juan Carlos de Borbón «con la siempre obligada exhaustividad y el máximo rigor», así como con la «exigible celeridad», con frecuencia condicionada, justificó, por la propia dinámica de la cooperación internacional».