La Fiscalía del Supremo sostiene que don Juan Carlos cobró comisiones ilegales

Los investigadores consideraban en febrero que disponían de «elementos indiciarios de que los fondos que son objeto de la investigación» tienen, entre otras, la referida procedencia ilícita. Por ello, advierte de la posible comisión de al menos cuatro delitos: blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, cohecho y tráfico de influencias. Este viernes, la Fiscalía del Tribunal Supremo, a través de una nota pública, recordó que tiene abiertas tres diligencias de investigación referidas al rey emérito, con sus derivadas tributarias. Y que en el mardo de las mismas ha remitido «diferentes solicitudes de asistencia jurídica internacional a las autoridades judiciales de distintos países, entre ellos Suiza, con el objeto de recabar la necesaria información y documentación que permita avanzar en dichas investigaciones».

El Ministerio Público justifica su escrito del mes de febrero que ahora ha salido a la luz diciendo que «la solicitud de cualquier asistencia judicial internacional exige necesariamente detallar todos aquellos indicios de criminalidad disponibles por la autoridad requirente, acompañados de una inicial y provisional calificación jurídica de los hechos sobre los que se fundamenta la petición, respetando así las formalidades requeridas por la normativa en materia de cooperación internacional».

«Ello no implica que no estamos ante un dictamen, petición de procesamiento o conclusiones del fiscal, sino en el marco de una solicitud de información, en la que simplemente se detallan los posibles ilícitos que son objeto de investigación. Resulta obvio que será precisamente el contenido de la respuesta que la autoridad requerida dé a la correspondiente comisión rogatoria lo que en su momento permitirá al Fiscal confirmar o descartar esos indicios, o incluso abrir otras vías de investigación», añade la nota de la Fiscalía del Tribunal Supremo, que dice estar «comprometida en llevar las investigaciones de referencia con la siempre obligada exhaustividad y el máximo rigor, así como con la exigible celeridad, con frecuencia condicionada por la propia dinámica de la cooperación internacional».

El escrito remetido a Suiza por el teniente fiscal del Supremo, Juan Ignacio Campo, fue enviado el pasado 24 de febrero, es decir, dos días antes de que el abogado de don Juan Carlos hiciera público que su cliente había regularizado ante la Agencia Tributatria 4,4 millones de los gastos de Zagatka, precisamente. Para ello, aseguraba Javier Sánchez-Junco, se hizo «sin requerimiento previo» de Hacienda ni hubo aviso anterior de los indicios delictivos que ya entonces acumulaba la Fiscalía contra el rey emérito, como quedó plasmado en el citado escrito.

Esta ausencia de información al investigado es capital para poder regularizar y evitar la querella de la Fiscalía ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. No obstante, Hacienda examina ahora la veracidad de estos pagos por los importes tributarios no declarados en España. Un cometido que están llevando a cabo los peritos de la Agencia Tributaria asignados a los investigadores del Supremo, el tribunal ante el que está aforado el anterior monarca tras perder la inviolabilidad.

Cuando Juan Carlos I abandonó España en agosto de 2020 por la aparición de informaciones que le atribuían una fortuna no declarada y de origen incierto, el rey emérito cumplió con la maldición de los Borbones: paladear la amargura de la expatriación forzada. Lo que iba a ser una estancia temporal en Abu Dabi hasta que amainara la tormenta se ha ido alargando y, con ello, haciéndose cada vez más difícil el retorno. Aunque la marcha de Juan Carlos I puso distancias entre él y la Corona, no evitó nuevas informaciones en torno a sus finanzas.

Las dos regularizaciones fiscales presentadas en su nombre -una, para satisfacer los impuestos por el uso de tarjetas opacas que alcanzó los 678.000 euros, y otra, por 4,4 millones, correspondientes a pagos en especie no declarados-, lejos de calmar las cosas, han revelado una conducta nada ejemplar que solo ha aumentado la presión política y mediática sobre su hijo Felipe VI, en el punto de mira de Unidas Podemos y del resto de formaciones republicanas.

Las regularizaciones han dado pie a nuevas investigaciones para cerrar los expedientes y evitar un proceso judicial, pero hasta que la Fiscalía resuelva sus pesquisas y se descarten responsabilidades penales no parece probable que el anterior jefe del Estado pueda regresar. Lo haría, pasase lo que pasase, si es requerido por los tribunales, como ha dejado claro su abogado Javier Sánchez-Junco. El Gobierno insiste en que, por ahora, no tiene ninguna causa de la que responder ante la justicia, por lo que el emérito puede «volver cuando necesite o quiera».

Cuentan sus íntimos que su ánimo es bueno, pese a la dificultad de las circunstancias y sus problemas de movilidad. En Abu Dabi, donde vive de la generosidad de los jeques, le acompañan a tiempo completo sus escoltas, cuatro, que se turnan para servirle, y sus ayudas de cámara, tres, que también van rotando su estancia en el país árabe. Allí recibe la visita diaria de sus fisioterapeutas que vigilan de cerca su salud, resentida a sus 83 años por las secuelas de una larga lista de enfermedades que le han obligado a pasar hasta en 17 ocasiones por quirófano. Aunque está en permanente contacto con su círculo más íntimo, para apaciguar su soledad, las infantas Elena y Cristina han aumentado la frecuencia de sus visitas. Ellas, junto con su médico personal, el doctor Manuel Sánchez, se han convertido en sus principales baluartes al cumplirse un año lejos de casa.

En este tiempo el teniente fiscal del Supremo, Juan Ignacio Campo, ha eximando las regularizaciones realizadas por el investigado por un montante superior a los cinco millones de euros. Es decir, si han sido «espontáneas, veraces y completas». De momento, el grupo formado por fiscales y peritos de la Agencia Tributaria lleva tres meses inspeccionando los pagos. La imagen del Ministerio Fiscal también está en juego.

En concreto, don Juan Carlos realizó a finales de febrero un pago de 4,4 millones tras abonar, de forma previa, 678.393 euros en diciembre. Esta liquidación se llevó a cabo por los pagos para gastos personales (viajes, estancias hoteleras, etc.) abonados por la Fundación Zagatka, propiedad de su primo lejano Álvaro de Orleans. En la primera regularización, en cambio, se incluyeron intereses y recargos por el uso de tarjetas de crédito por parte de familiares del rey emérito para gastos propios.