Los consellers acatan su destitución sin conflicto

Solo Josep Rull, consejero de Territorio y Sostenibilidad, ha acudido a su despacho, desde donde ha tuiteado una foto con la leyenda: “En el despacho ejerciendo las responsabilidades que nos ha encomendado el pueblo de Cataluña. #seguimos". Rull, que antes había participado en un acto como conceller, sin embargo se ha marchado de su despacho después de que dos mossos le invitaran a ello tras recoger sus pertenencias y tras los avisos desde la Fiscalía y el Gobierno central de que estaba incurriendo en un delito de usurpación de funciones.

Puigdemont, por su parte, no se ha presentado en su despacho, aunque ha jugado al despiste al inicio. Por la mañana ha publicado en la red Instagram dos fotos hechas desde un patio interior del Palau de la Generalitat, en las que se observa parte de un tejado y del cielo que ha acompañado con el mensaje "Bon dia" y un emoticono sonriente. Sin embargo, el `president’ destituido, según ha confesado su entorno, no ha puesto un pie en el Palau.

Todas las miradas se centraban también en el exvicepresidente Oriol Junqueras, quien tampoco ha aparecido por la Consejería de Economía, dando a entender que también la parte del Govern procedente de ERC asumía su destitución.

Tampoco ha habido rebelión en la cámara autonómica. La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha desconvocado la reunión de la Mesa prevista para el martes a las 10 horas porque la Cámara “se ha disuelto”, han apuntado fuentes parlamentarias. Hasta primera hora de hoy ha estado convocada la reunión ordinaria que la Mesa celebra cada martes y que había sido ‘agendada’ antes de la disolución. Pero esa Mesa, tras la disolución, ya no existe.

Forcadell, según el reglamento de la cámara, seguirá siendo presidenta hasta las próximas elecciones, pero solo podrá convocar reuniones de la Mesa de la Diputación Permanente, el único órgano que opera tras la convocatoria de elecciones y al que pertencen 23 de los 135 diputados.

La jornada, por tanto, se ha desarrollado sin incidentes, aunque el Ministerio del Interior ya había previsto un “protocolo” en caso de rebeldía de los consejeros. Las instrucciones eran las siguientes literalmente: “los exconsellers pueden ir al despacho a recoger sus cosas. Lo hacen acompañados por un mosso. Si se niegan a irse, el mosso tiene instrucción de levantar atestado para el juez y fiscal".

En esta situación de cierta normalidad, ha llegado hoy a Barcelona el secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, para supervisar de cerca la tarea de coordinación de las diversas consejerías de la Generalitat tras la aplicación del 155. Bermúdez de Castro es el primer representante del Ejecutivo central que se traslada a Cataluña después de que el pasado sábado se hicieran efectivas las medidas propuestas por el Gobierno. Además, fue él quien presidió el sábado una reunión en Madrid con los subsecretarios de los diversos ministerios que se han hecho cargo de las competencias respectivas de las diversas consejerías de la Generalitat.

Otro de los interrogantes se ciernen sobre los altos cargos y, sobre todo, si los 200.000 funcionarios de la Generalitat siguen sus directrices y cuáles las rechazan bajo el riesgo de sanciones de empleo y sueldo. Porque desde esta mañana quien tiene el control de la administración catalana es el Gobierno. Uno de los puntos calientes, el control de los Mossos, parece que quedó solucionado a las primeras de cambio, a juzgar por las manifestaciones de los agentes del cuerpo.

Solventada la seguridad, vigilar las cuentas de la Generalitat de Cataluña ha sido una de las principales obsesiones del Gobierno desde que comenzó el desafío independentista. Precisamente, el Ejecutivo sabe que uno de los pilares básicos para hacer viable el artículo 155 está en el control de las finanzas públicas de la Generalitat. Así consta en una de las medidas adoptadas por el Consejo de Ministros extraordinario del pasado viernes y publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE): «Se habilita al gobierno de la nación a ejercer las competencias necesarias en materia económica, financiera, tributaria y presupuestaria». Para ello, el departamento que dirige Cristóbal Montoro asume la mayor parte de las competencias de la consejería de Economía y Hacienda del depuesto Oriol Junqueras.

En cualquier caso, la intención de Hacienda es efectuar un control administrativo que no implique ninguna toma de decisión relevante a la espera de que se constituya un nuevo Gobierno autonómico tras las elecciones del 21 de diciembre. Por tanto, el principal cometido será controlar que ningún recurso público se desvía para fines independentistas. Hasta ahora ya retenían alrededor de 1.400 millones procedentes del sistema de financiación que sólo desembolsaban con la debida justificación vía factura avalada por la interventora de la Generalitat. Sin embargo, ahora Hacienda también controlará los tributos propios y cedidos, que suponen cerca de 3.200 millones anuales (unos 260 millones mensuales).

Asimismo, también quedarán bajo la supervisión de Hacienda los más de 500 organismos públicos (consorcios, fundaciones o sociedades mercantiles) dependientes de la Generalitat. Entre ellos se encuentra uno de los más polémicos: la Agencia Tributaria de Cataluña. Sin embargo, el Gobierno no tiene intención de suprimir esta institución que los partidos independentistas querían convertir en el embrión de una futura Hacienda catalana. El organismo contaba con 700 empleados en septiembre que no podrían ser sustituidos por funcionarios de la Agencia Tributaria Estatal por falta de personal. Por tanto, Montoro se limitará a supervisar el funcionamiento de este organismo en la recaudación de los impuestos propios.

Eso sí, Hacienda pondrá fin al plan del gobierno de Carles Puigdemont de que los impuestos estatales (IVA, IRPF o Sociedades) se pagaran a través de la Agencia Tributaria de Cataluña. Algo que habían empezado a hacer alrededor de 150 empresas públicas catalanas y que pretendían extender a contribuyentes privados. Unas prácticas que bajo la nueva tutela de Hacienda serán suprimidas.