El segundo mandato de Rajoy cumple un año con la legislatura en tiempo muerto

A duras penas había logrado el PP trabar una mayoría en el centroderecha del Parlamento que le permitió salvar los Presupuestos de 2017, el techo de gasto de 2018 y, por extensión, la primera parte del segundo mandato de Rajoy. El Gobierno contaba con poder renovar después del verano, previa negociación, el acuerdo con el PNV y dotar de contenido en el nuevo proyecto los compromisos suscritos en mayo con los nacionalistas. Pero las discrepancias de calado con la formación vasca sobre la gestión del desafío independentista han dejado en suspenso la tramitación de las cuentas del próximo año y forzado la prórroga de las actuales.

La maniobra del jefe del Ejecutivo, que el viernes resolvió aplicar las medidas al amparo del artículo 155 de la Constitución, cesar al presidente de la Generalitat y sus consejeros y convocar elecciones en Cataluña el 21 de diciembre, augura que al menos durante los próximos 53 días la prioridad del Gobierno será garantizar el proceso electoral, enfriar el independentismo y normalizar el funcionamiento institucional en la comunidad. Y mientras tanto confiar en que a finales de año puedan retomarse las conversaciones sobre los Presupuestos y aprobar el proyecto a principios de 2018.

El Ejecutivo de Rajoy asegura que no ha renunciado a ello y algunas fuentes consultadas recuerdan que tampoco se contaba con poder sacar adelante las cuentas de este año. «Paso a paso», aconsejan con fe en la forma en que el presidente administra los tiempos y que creen validada por su capacidad para sobrevivir.

Por ahora, el PP tiene garantizado un principio de acuerdo con Ciudadanos, insuficiente para actualizar los Presupuestos. El presidente de los liberales, Albert Rivera, ha pedido en reiteradas ocasiones que los socialistas permitan dar estabilidad a la legislatura. «Queremos saber -se preguntó el pasado 16 de octubre- por qué el Gobierno no busca apoyos en el PSOE y por qué el PSOE, en un momento delicado en la historia de España, no es capaz de abstenerse». Pero la segunda fuerza política, que ha respaldado al Ejecutivo frente a la ruptura de la legalidad en Cataluña, distingue entre defender el Estado de Derecho y apoyar a un Gobierno del PP con un proyecto que no comparte.

En este escenario, que podría desembocar en un bloqueo en el Congreso, no parece descartable, al menos en una reflexión teórica, un anticipo de las elecciones generales a otoño de 2018. Fuentes gubernamentales inciden, en todo caso, en que eso no está a día de hoy en la cabeza de Rajoy. El jefe del Ejecutivo siempre ha aspirado a agotar el mandato o al menos a llegar hasta 2019. En primer lugar, porque la situación en Cataluña aconseja, dicen, «estabilidad». Pero también porque nada garantiza que tras abrir las urnas vaya a ser «sencillo investir a un presidente».

Otra circunstancia podría dar ciertas garantías a la legislatura: el compromiso de modificar en el actual mandato la Constitución. Pero la apuesta del PSOE por una reforma federal y la corriente de recentralización que parece abrirse paso en la derecha del hemiciclo sólo complica un reto que, además, debería contar con un consenso tan amplio como el de 1978 y atraer a Podemos y los nacionalistas. Ninguna de esas formaciones ha resuelto, por ahora, su participación ni tan siquiera en la comisión parlamentaria para el estudio del modelo territorial.