Un Poder Judicial dividido se limita a validar la designación de Delgado como fiscal general del Estado

El Poder Judicial mostró su malestar por la candidatura de Delgado, limitándose exclusivamente a constatar que la exministra de Justicia «cumple con los requisitos exigidos con la legislación invocada». Y nada más.

Esta fórmula aséptica –y que evitaba cualquier respaldo implícito por considerar «idónea» a la candidata- fue la ideada por el presidente del CGPJ y del Supremo, Carlos Lesmes, para apaciguar los ánimos y evitar una bronca en el consejo.

Esta desconocida fórmula (que este mismo consejo no había utilizado en las propuestas para fiscales generales de José Luis Maza, Julián Sánchez Melgar y María José Segarra, en las que sí había destacado sus «méritos») sin embargo no aplacó los ánimos ni consiguió la unanimidad: siete de los 19 vocales votaron directamente en contra de la propuesta de Delgado se haga con las riendas de las Fiscalía, a pesar de que cumplía todos los requisitos y que, por tanto, el CGPJ, en su informe preceptivo pero no vinculante, lo único que tenía que hacer era comprobar su currículum y votar a favor si no encontraba nada irregular.

Y no solo eso. El dictamen con el que el Consejo General del Poder Judicial 'bendice' a regañadientes la designación de Delgado contará con un voto particular discrepante firmado por los siete magistrados que han votado en contra, que defenderán, que Delgado «no es idónea para desempeñar el cargo y que las circunstancias que concurren en ella crean una apariencia de vinculación con el Poder Ejecutivo que no contribuye a la percepción de la independencia de la Fiscalía».

También habrá tres votos particulares concurrentes. Esto es, de jueces que consideran que el nombramiento es legal y que por eso han votado a favor, pero que ponen en duda la «idoneidad» de la candidata para encabezar el Ministerio Público por su pasado inmediato en Justicia y en las listas del PSOE.

La falta de unanimidad en el CGPJ da buena muestras de las ampollas que levanta la designación de la exministra. Su antecesora en el cargo, la fiscal progresista María José Segarra, obtuvo su informe por unanimidad. Los otros tres fiscales generales avalados por este mismo Consejo también superaron el trámite del CGPJ sin mayores discrepancias.

Y es que el mundo de los tribunales, tanto entre los jueces como entre los fiscales, hay bastante consenso en contra del nombramiento de Delgado. No por su currículum, sino porque entienden que designar, sin escala alguna, a una ministra de Justicia responsable de la Fiscalía no es estético, al margen de dejar por los suelos la imagen de independencia y autonomía del Ministerio Público. Máxime porque la candidata, además, ha sido hasta este jueves mismo diputada por el PSOE y, aunque sin carnet socialista, ha participado en numerosos mítines en los últimos meses, con duras embestidas a los partidos de la oposición.

Entre todos los colectivos y asociaciones del mundo judicial, solo la Unión Progresistas de Fiscales (UPF), de la que ha sido destacada miembro, salió en su defensa.

El examen de Delgado por parte del CGPJ llegó, además, en el peor momento, en plena batalla pública entre el nuevo Gobierno de coalición y el Poder Judicial por los ataques del vicepresidente segundo Pablo Iglesias a los tribunales españoles. En una entrevista en Antena 3 el pasado martes, Iglesias aseguró que la justicia española ha sido humillada por los tribunales europeos a cuenta de los supuestos varapalos por el 'procés'.

Sus palabras fueron interpretadas por el Poder Judicial como una auténtica declaración de guerra provocaron que el CGPJ este miércoles aprobara una resolución por unanimidad exigiendo «prudencia, moderación y mesura» . El rapapolvo del Poder Judicial sentó mal al Gobierno que publicó poco después un comunicado saliendo en defensa de Iglesias y su «derecho a la crítica».

Delgado superó este jueves además otro escollo legal para hacerse con las riendas de la Fiscalía General: renunció a su acta de diputada del PSOE por Madrid.

Cuando el Gobierno reciba el dictamen del CGPJ elevará su propuesta al Congreso de los Diputados, tras lo que la Comisión de Justicia, todavía no constituida fijará una comparecencia a la que tendrá que acudir la candidata para que los grupos parlamentarios puedan valorar sus méritos. Tras superar este trámite en el Parlamento que se espera muy bronco, Delgado solo tendrá que jurar la Constitución ante el Rey y tomar posesión del cargo en el Tribunal Supremo.