Puigdemont pide que Llarena desactive la euroorden y dé un paso a un lado

En su argumentación, Boye se aferra a la «inmunidad» adquirida por Puigdemont con el acta en Bruselas y no comparte los postulados de la Fiscalía, partidaria de que la euroorden siga vigente mientras se tramita el suplicatorio del Parlamento Europeo para poder proceder contra el dirigente secesionista. Esa pretensión no sólo la considera «extravagante», sino «grosera, manifiesta y palmariamente ilegal», porque, tal y como lo ve, la autorización de la Eurocámara debe ser previa a la emisión de cualquier orden de arresto.

«Podemos entender las angustias existenciales que la actual situación genera en los representantes del Ministerio Fiscal -llega a trasladar-, pero no podemos olvidar que esto no es una guerra, sino una discusión jurídica ante un órgano jurisdiccional que ha de velar por la correcta aplicación del Derecho, incluido naturalmente el Derecho de la Unión».

Lo único que cabe a su entender es, por lo tanto, la retirada de todas las medidas cautelares que pesan sobre Puigdemont. «No hay más caminos -zanja-. Cualquier otro será un salto al vacío legal que sólo servirá para deteriorar, más si cabe, la posición del poder judicial español en el contexto europeo».

El juez Llarena dio un plazo de cinco días a la Fiscalía, las acusaciones y defensas para que se pronunciaran sobre la incidencia que puede tener la sentencia de Junqueras en la situación de Puigdemont y el exconsejero catalán Antoni Comín, ambos huidos a Bélgica. Dado que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea reconoce la inmunidad del líder de Esquerra desde su elección como eurodiputado y la proclamación de los resultados electorales en junio, el magistrado apunta a la posibilidad de que eso afecte a los otros dos procesados, que también obtuvieron escaño en los mismos comicios.

En su respuesta, el abogado de Puigdemont recurre a antecedentes para sustentar su tesis. El letrado cita el caso del dirigente de HB Ángel Alcalde Linares, que en 1989 quedó en libertad tras ser elegido diputado en el Congreso, aunque acabó huyendo de la justicia. También se refiere al empresario José María Ruiz-Mateos, que fue proclamado europarlamentario tras la apertura de juicio oral y esa circunstancia derivó en un levantamiento de las medidas privativas de libertad.

Siguiendo la misma línea argumental, Boye cree que esa es la decisión oportuna en el caso de su cliente. «No procede -concluye- la adopción de medida alguna restrictiva de la libertad de movimientos». Pero va aún más allá, porque a su entender tampoco cabe solicitar al Parlamento Europeo autorización para mantener la euroorden. «No porque mi representado goce de la inmunidad parlamentaria -explica- sino porque los hechos por los que hace más de dos años que viene perseguido políticamente por esta Sala no son constitutivos de delito». Ni en España, dice, ni «en los diversos Estados miembros de la UE». Es en este punto en el que el letrado reclama el sobreseimiento libre de la causa.

En todo caso, la defensa de Puigdemont argumenta que este tipo de suplicatorios, por lo que persiguen, «sólo se podrán conceder con carácter sumamente excepcional, pues la situación de prisión provisional de un parlamentario resulta, en la práctica, incompatible con el ejercicio del cargo electo representativo».