El PP acusa a Vox de usar su plan antiaborto para hacer pinza con Sánchez

En Génova lo saben y culpan a Vox de dar munición a los socialistas al provocar «una polémica artificial» que beneficia única y exclusivamente a Pedro Sánchez. De nada sirvió que el sábado el presidente de la Junta,Alfonso Fernández Mañueco, intentase sofocar el incendio corrigiendo a su vicepresidente y negando que las medidas que deberían haber entrado este lunes en vigor fueran antiabortivas. Moncloa vio en la nueva grieta abierta una oportunidad para poner contra las cuerdas al PP y envió el domingo por la noche un requerimiento al Gobierno castellanoleonés recordando que deben respetar la normativa vigente. «Vox se ha convertido en el chollo de Sánchez», censuró ayer el portavoz de campaña del PP, Borja Sémper.

La dirección nacional reconoce que la controversia originada en Castilla y León «nunca se debería haber producido», pero echa la culpa de lo ocurrido, en su totalidad, a los de Abascal. «Asistimos a una guerra entre Vox y el Gobierno de Sánchez y de Podemos, que se retroalimentan», dijo Sémper, que acusó al Ejecutivo de «usar a las mujeres en una guerra de bandos». En su opinión, la formación de extrema derecha lo único que ha obtenido es «ruido mediático», mientras que el PSOE y Unidas Podemos han conseguido «desviar la atención» de los temas que sí afectan de manera directa a las ciudadanas del país, como los efectos de la ley del 'solo sí es sí.

El portavoz vasco se mostró muy crítico también con la actuación del Ejecutivo de Fernández Mañueco por el influjo de la ultraderecha. «Los gobiernos tienen que intentar serenar la política de un país, y tienen que ser responsables y sensatos. Lo que hemos tenido que ver en Castilla y León –aseveró– no es eso».

Fue el vicepresidente castellanoleonés, Juan García-Gallardo, de Vox, quien el pasado jueves anunció la entrada en vigor este lunes de un protocolo de latido fetal y registro cardíaco entre la semana seis y la semana nueve del embarazo que sería «imperativo» ofrecérselo a las madres gestantes despertando el desconcierto entre la clase política y los profesionales sanitarios. Pero dicho protocolo ni está ni se le espera. Fuentes de Génova reconocen que la elaboración de ese documento se ha parado y que no se retomará en un futuro.

En una comparecencia institucional ayer, Fernández Mañueco desmintió tajantemente que su Gobierno vaya a adoptar ningún plan de actuación con las mujeres embarazadas que «pueda suponer coacciones directas» a aquellas que hayan decidido abortar. «Ni hemos contemplado ofrecer medidas coercitivas a las mujeres embarazadas, ni vamos a aceptar que el Gobierno utilice a las mujeres para hacer política», zanjó.

El presidente regional sí confirmó que su Ejecutivo «implantará una mejora de las prestaciones y de la cartera de servicios» que se ofrece a las mujeres embarazadas de la comunidad autónoma. Algo que, añadió, entra dentro de las competencias de la Consejería de Sanidad. En ningún caso, esas medidas, incidió ante los medios, implican actualizar el protocolo de las mujeres que se someten a una interrupción voluntaria del embarazo. «La voluntad de las mujeres, la legislación vigente y el criterio médico seguirán imperando. No se obligará ni a los médicos ni a las mujeres. Serán ellas –recalcó Mañueco– las que libremente podrán solicitar los recursos que tienen a su disposición».

Compromiso por escrito

Las palabras del presidente de Castilla y León desautorizando a Vox no sirvieron para apaciguar al Gobierno. Moncloa ya ha anunciado que solo renunciará a emprender acciones legales si la Junta garantiza que no habrá medidas que «hostiguen» a las mujeres que quieran abortar. Ante la disparidad de criterios expresados por Mañueco y García-Gallardo, esperan que pongan por escrito, si no ya un protocolo, sí cómo afectan las nuevas medidas a las mujeres embarazadas.

Sin compromiso negro sobre blanco, advierten en el Gobierno central,continuarán monitorizando los pasos de la Junta en este asunto, sin descartar un escenario similar al que se abrió a principios de la legislatura con Murcia por la polémica del pin parental. «Siguen sin atender al requerimiento pertinente», denunció a última hora de la tarde la portavoz gubernamental, Isabel Rodríguez, que acusó al mandatario autonómico de querer «ganar tiempo» para lograr esquivar la ley para cumplir las condiciones que, a su juicio, le marca su socio.

La desconfianza del Ejecutivo central comenzó a alimentarse el jueves cuando la Junta ya no respondió a la carta de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, para solicitar información sobre el plan anunciado por García-Gallardo. No se obtuvo respuesta, lo que motivó el envío de un requerimiento formal este domingo por parte del Ejecutivo. La Junta de Castilla y León tiene dos meses de plazo para responder al requerimiento que ayer aún no había recibido, según dijo el propio Mañueco en su comparecencia.

En caso de que la respuesta no sea satisfactoria, el Gobierno adelanta que podría plantear un recurso por la vía Contencioso-administrativa. Rodríguez avisó ayer a Fernández Mañueco que «o se cumple con la ley o se cumple con Vox» y, como presidente de Castilla y Léon, le recordó que tiene la obligación de ceñirse a las normas En la Junta reprochan a la Moncloa el envío de un requerimiento por un protocolo que «no existe».